El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) envió ayer al Ministerio de Industria el dictamen en relación a la solicitud realizada en enero sobre la central nuclear de Garona (Burgos), para contemplar la posibilidad de modificar la orden ministerial de 2009 que fijó el cese de la explotación de esta instalación en 2013. El CSN asegura que no existe ningún impedimento, «bajo el punto de vista de la seguridad nuclear y de la protección radiológica», para que se modifique la orden, «una vez analizada la experiencia operativa de la instalación».
El nuevo informe deja de esta manera vía libre al Ejecutivo de Mariano Rajoy, que en reiteradas ocasiones ha comprometido su intención de prorrogar la actividad de la central hasta 2019 siempre que el organismo regulador avalase de nuevo sus condiciones de seguridad. Una vez emitido dicho informe, queda ahora en manos del Gobierno central la decisión de revocar efectivamente la orden ministerial.
En el comunicado emitido por el CSN se señala que este dictamen «no excluye y es independiente del que deberá realizar ante una nueva petición de licencia para la instalación. Tampoco prefigura en ningún caso el sentido o el contenido del informe que deberá realizarse sobre la licencia de la central». A su vez, se enumeran las condiciones adicionales relativas a la seguridad nuclear y a la protección radiológica que deben añadirse a las ya existentes en la autorización vigente.
Entre estas condiciones se destaca que el titular de la central justificará al CSN, antes del 3 de julio, que las actividades de vigilancia, inspección en servicio, mantenimiento y gestión de vida realizadas desde julio de 2009 se corresponden con las establecidas para la renovación de la autorización de explotación hasta 2019 y, en caso contrario, llevará a cabo las actividades no realizadas antes de la finalización de la presente autorización.
Además, también obliga al titular de la central a revisar, antes del próximo mes de julio, los análisis realizados considerando un tiempo de explotación hasta 2013, incluyendo los análisis de experiencia operativa y de nueva normativa realizados desde julio de 2009, para comprobar que no se ha limitado el alcance o el contenido de los mismos y las acciones propuestas atendiendo al cese definitivo de la explotación en julio de 2013 y comunicará al CSN, antes de esa fecha, el resultado de dicha revisión.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy considera que desde la orden de cierre dictada en 2009 por el Gobierno socialista se han producido diversas circunstancias como el continuado incremento del denominado déficit de tarifa, la elevación de las tarifas de acceso y, consiguientemente, del precio de la electricidad pagado por los consumidores, así como la designación del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado que hacen «aconsejable», reconsiderar la decisión a fin de prolongar la vida de la central hasta 2019, de acuerdo con la solicitud formulada por el titular, que fue en su momento informada favorablemente por el CSN. Ello, además de otras ventajas, tendrá un efecto «positivo» sobre los costes del sistema eléctrico, contribuyendo –según el Gobierno- a luchar contra el déficit de tarifa, y facultará la recaudación de mayores recursos para financiar la gestión de recursos radiactivos.
