El magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Segovia ha dictado un auto por el que declara, como medida cautelar, la suspensión del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia del pasado 3 de febrero por el que aprobó la certificación final y la liquidación de las obras de terminación del edificio CIDE (Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial).

El gobierno municipal, tras recibir un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento ha decidido presentar un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) aunque el concejal de Desarrollo Económico y Empleo y primer teniente de alcalde, Jesús García Zamora, ha aclarado que “a efectos prácticos el auto no implica nada en este momento pero es llamativo que el juzgado haya concedido esa medida cautelar”.

El edil socialista asegura, además, que esta decisión judicial no retrasa el procedimiento administrativo abierto para contratar los trabajos pendientes en el CIDE. De hecho, el mismo día que se acordó interponer el recurso ante el TSJ, la Junta de Gobierno Local adjudicó a la oficina de arquitectura Sancho-Madridejos los servicios de redacción, asesoría técnica y dirección de obra del proyecto de terminación y legalización de este inmueble municipal.

García Zamora ha comentado a El Adelantado que Rogasa, la última empresa que ha intervenido hasta ahora en las obras del edificio, con la que se resolvió el contrato al no estar conforme la dirección facultativa con la ejecución final de las mismas, “lo que ha venido haciendo es ampliar la demanda inicial ante el juzgado cada vez que el Ayuntamiento ha realizado algún acto administrativo tanto con la liquidación como con cualquier otra cuestión”.

Lo último que ha recurrido Rogasa ha sido el acuerdo municipal del pasado mes de febrero sobre la certificación final, liquidación y deducción de penalidades, solicitando, como medida cautelar, la suspensión del mismo, aunque la adjudicataria tuvo que presentar un aval o una garantía dineraria, en un plazo de quince días hábiles, por el importe resultante reclamado por el Ayuntamiento, que asciende a 459.004,55 euros.

En el Juzgado de lo Contencioso Administrativo se ha tramitado como una pieza separada en el procedimiento abierto en 2020 por el desacuerdo entre administración y empresa.

“Lo que nos está diciendo el juez es que hasta que no haya sentencia el Ayuntamiento no puede decir que la empresa nos debe una cantidad por la liquidación, que no se puede practicar esa liquidación”, añade el concejal, quien puntualiza, sin embargo, que “no es habitual en estas situaciones porque si se practica la liquidación estamos ante un hecho reversible y las medidas cautelares están reservadas normalmente para actos donde no hay posibilidad de dar marcha atrás, de reversión como, por ejemplo, una demolición”.

La asesoría jurídica del Ayuntamiento considera que la medida cautelar recogida por el auto del juzgado “no está ajustada a derecho” y por eso el gobierno municipal ha decidido recurrir aunque no suponga un mal mayor “como hubiera ocurrido si se piden medidas cautelares por otros actos administrativos”, se conceden y estos paralizan el procedimiento en marcha para continuar las obras y finalizar el edificio.

En definitiva, “se trata de una diferencia de criterio sobre cantidades económicas”, insiste García Zamora y, por lo tanto, el equipo de gobierno municipal continúa adelante con su previsión y este responsable de Desarrollo Económico y Empleo confía en que después de Semana Santa, previsiblemente a finales de mes, los arquitectos entreguen al Ayuntamiento la redacción del proyecto para concluir definitivamente el edificio CIDE.

Recurso de casación ante el Supremo

Por otro lado, la asesoría jurídica del Ayuntamiento avala acudir al Tribunal Supremo tras la sentencia del TSJ que altera el justiprecio a pagar por una parcela ligada al CAT.

Como ya anunció la concejala de Urbanismo, Clara Martín, el pasado mes de febrero, el Ayuntamiento ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que estima parcialmente las pretensiones de los propietarios de una finca vinculada al Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), incluido en el sector urbanístico de Prado Bonal.

La Junta de Gobierno Local acordó presentar el citado recurso el 31 de marzo, una vez estudiado el informe remitido por la asesoría jurídica, que avala la medida aunque también advierte que el Supremo, a partir de 2015, ha configurado el recurso de casación “como un instrumento para fijar y unificar doctrina sobre cuestiones jurídicas controvertidas”, lo que significa que solo lo admitirá si considera que en la sentencia recurrida hay cuestiones de derecho cuya relevancia excede de las circunstancias de este caso concreto.

En cualquier caso, la asesoría considera que debe presentarse un recurso de casación por dos motivos: porque la sentencia genera indefensión al Ayuntamiento al introducir un elemento nuevo que no estaba en la demanda de los propietarios de la finca y porque, para fijar el nuevo justiprecio, vulnera la normativa “obligando a indemnizar expectativas urbanísticas futuras”.

Como se recordará, el edificio CIDE es el único que se ha construido, a falta de los trabajos pendientes, dentro del proyecto mucho más amplio del Círculo de las Artes y la Tecnología de Segovia, conforme al Master Plan presentado en el año 2008 por el prestigioso estudio del arquitecto David Chipperfield, que contaba con hasta once edificios proyectados y un coste estimado en ese momento de 130 millones de euros.