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Romanov pide la nulidad de las pruebas presentadas en su contra

por Redacción
9 de mayo de 2016
Alexander Romanov junto a su esposa durante la vista oral del juicio. / Efe

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El empresario Alexander Romanov, uno de los principales sospechosos de la organización criminal rusa conocida como ‘Taganskaya’ y acusado de blanquear en Mallorca más de 14 millones de euros procedentes de su actividad criminal en Rusia, reclamó la nulidad de las pruebas en las que la Fiscalía sustenta sus imputaciones y subrayó que no había indicios suficientes para condenar a su patrocinado.

El tribunal, sin embargo, denegó las cuestiones previas planteadas por la defensa de Romanov, ejercida por el penalista Cristóbal Martell, al considerar que las resoluciones dictadas a lo largo del procedimiento judicial en contra del acusado se encuentran motivadas, sin perjuicio de lo que quede dictaminado al respecto en sentencia.

Durante su intervención en la primera jornada del juicio que por estos hechos se celebra en la Audiencia Provincial de Baleares y que prevé prolongarse hasta el 3 de junio —con otros once acusados en el banquillo— , el abogado de Romanov recriminó la vulneración del derecho fundamental a la intimidad, el secreto de comunicaciones y la tutela judicial efectiva durante este procedimiento judicial.

El letrado lamentó la “estigmatización” de su patrocinado por el hecho de ser ruso y ya haber sido anteriormente condenado. A su juicio, para la Fiscalía “ruso que trae dinero a España que ya resultó condenado” se traduce en “blanqueo de capitales”.

En concreto, la Fiscalía reclama 17 años de cárcel para el inculpado al acusarle de articular los mecanismos para que los fondos entraran en España con apariencia de origen lícito. Para ello, Romanov se habría valido de la colaboración de su familia y otros profesionales como abogados y gestores, que figuran entre los otros once acusados que junto a él se sentarán en el banquillo.

La acusación pública les imputa delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, delito contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y revelación de secretos.

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