PP y Vox desbloquean la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León tras avanzar en los puntos que mantenían encallada la formación del gobierno de coalición. El acuerdo alcanzado ayer entre ambas formaciones para la tramitación «antes de agosto» de las leyes contra la violencia intrafamiliar y «de concordia» permitirá que el líder ‘popular’ ser investido de nuevo presidente el próximo lunes en el Parlamento autonómico.
El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), puso en marcha in extremis el procedimiento al convocar la reunión de la Mesa de las Cortes y Junta de Portavoces para el jueves, lo que permitirá, conforme a los plazos de 24 y 48 horas, programar la sesión de investidura para el próximo lunes, ya en plena Semana Santa.
Horas después, PP y Vox hicieron pública la letra pequeña del acuerdo que permitió desbloquear la investidura y dar por cerrado de forma definitiva el tira y afloja de los últimos días. El acuerdo incluye las competencias que asumirá desde la Vicepresidencia de la Junta Juan García-Gallardo (Vox) y, más importante aún, dada la concreción con la que lo demandaba el partido de Santiago Abascal, detalla el tratamiento y los plazos para la tramitación de la futura ley autonómica contra la violencia intrafamiliar.
A través de un comunicado, ambos partidos han explicado que la futura ley iniciará su tramitación antes del próximo mes de agosto y coexistirá en Castilla y León con la ya vigente Ley contra la Violencia de Género, dado que el ámbito competencial de la Junta no puede derogar la ley estatal.
Además de ese compromiso sobre la violencia intrafamiliar, que desarrolla el punto 10 del acuerdo suscrito por Mañueco y García-Gallardo el pasado 10 de marzo, ambos partidos han detallado que otro de los puntos en los que Vox demandaba más concreción, referido a la memoria histórica, se resuelve con el plazo del 30 de junio para tramitar una normativa «en materia de concordia».
Sobre este asunto, el acuerdo general de legislatura plantea en su punto 3 lo siguiente: «Reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles», aunque la demanda inicial de Vox había sido la derogación del vigente Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León.
Funciones del Vicepresidente
Otro de los flecos que quedaban en la negociación era el papel institucional del futuro vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), después de que la formación hiciera público el nombre de sus tres consejeros: Gonzalo Santonja (Cultura), Mariano Veganzones (Industria y Empleo) y Gerardo Dueñas (Agricultura).
En el caso de García-Gallardo, el acuerdo detalla que asumirá la Presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno y de la Comisión de Simplificación Administrativa, que en la pasada legislatura tenía atribuidas el consejero de Economía y Hacienda y actual portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, por lo que finalmente el dirigente de Vox no asume el control sobre la Comisión de Secretarios Generales sino que estará presente a través de alguien de su confianza en ese eslabón clave en la tramitación de asuntos en el Consejo de Gobierno.
La Comisión Delegada del Gobierno incluye la decisión sobre procedimientos ambientales vinculados con la puesta en marcha de negocios, según detalla el comunicado de ambos partidos, que además sitúan a García-Gallardo como suplente en el Comité de las Regiones y como Comisionado de las Víctimas del Terrorismo.
También asume García-Gallardo la representación institucional de las relaciones de la Junta con el Consejo Consultivo de Castilla y León y el Procurador del Común, así como con las fundaciones, asociaciones y colegios profesionales.
El PP y Vox han asegurado que sus conversaciones de las últimas semanas buscan «formar un Gobierno autonómico estable, sólido y fuerte pensando en los intereses de las personas de Castilla y León y de España».
