“Desgraciadamente, se ha puesto de moda ofertar servicios sexuales a través de trata de mujeres con problemas de salud mental, amputadas o con determinados tipos de discapacidades, no hay que ir muy lejos para encontrar este tipo de servicios en La Junquera”. Ana Peláez Narváez estuvo este viernes en Segovia para participar en los encuentros ‘Mujeres que transforman el mundo’ que acoge el centro municipal La Cárcel. Esta integrante del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) conversó por la tarde en la Sala Julio Michel con la periodista Patricia Costa.
La también comisionada Comisionada para los Asuntos de Género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) comenta que, “en tiempos de pandemia y confinamiento esta organización fue alertada, ante situaciones de perdida de trabajo de la familia, que se explotaba sexualmente a discapacitadas en el vecindario o en el entorno de la unidad familiar”.
Esto sucedía, principalmente, con “mujeres con discapacidades especialmente intelectuales”, dice y por ese motivo pide que la Ley de Violencia Sexual considere este tipo de especificidades. “Hay que abrirse a otras realidades”, recalca, al tiempo que denuncia de que hay una de cada cinco mujeres y niñas con discapacidad en el mundo, 2,5 millones en España, y “sus derechos se vulneran constantemente”.
Quien representa al Foro Europeo de la Discapacidad en la plataforma del Lobby Europeo de Mujeres, ha pedido a las autoridades españolas que “pidan perdón e indemnicen” a las mujeres y niñas con discapacidad que han sido esterilizadas, en torno a 600.000, según la estimación que maneja, antes de que se produjera un avance legislativo en este aspecto.
Activista por los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, invidente de nacimiento, insiste en reclamar de las autoridades españolas “que haya una reparación de las víctimas, porque muchas mujeres con discapacidad, cuando han dado a luz, lo han hecho a través de cesárea y se les ha dejado preparadas para la esterilización”.
“España tiene que pedir perdón a las víctimas de esterilizaciones forzadas, la respuesta pasa por asegurar que en la práctica esto ya no se pueda cometer, que se persiga, se condene y se denuncie, porque se sigue haciendo”, expone.
Quien han sido sometida a esa práctica nociva está expuesta a ser violada y abusada por las personas que la rodean y se les debe dar asistencia de salud mental e indemnizarlas, como se ha hecho en Suecia, argumenta Peláez.
Otro problema que padecen las niñas con discapacidad es que “están siendo sometidas a tratamientos para controlar la menstruación, no existe apoyo a la higiene menstrual en centros de Secundaria, cuando tienen dificultades para mantener una higiene menstrual son invitadas a dejar el centro o tratadas para evitar que tengan la menstruación que lo único que produce es poner en riesgo a sufrir violencia sexual”, asegura.
En cuanto a las mujeres y niñas discapacitadas que llegan de Ucrania, advierte que muchas de ellas, “una vez que llegan a la frontera, caen en redes de trata y explotación”. Denuncia, además, que en los centros de refugiados “no se toman en consideración necesidades como baños accesibles, aparte de que no existen apoyos para acceder a interpretes en lengua de signos y hay personas que tienen dificultades de tipo intelectual que puede suponer una barrera que es compleja”.
