Seis de los principales sindicatos franceses convocaron ayer una nueva jornada nacional de huelga general y manifestaciones para el próximo día 23 contra la reforma de las pensiones que planea el Gobierno de Nicolás Sarkozy, al considerar insuficientes las concesiones anunciadas horas antes por el presidente.
La decisión tuvo lugar después de la jornada de paro del pasado martes, considerada un éxito de movilización de los trabajadores en contra del proyecto, que prevé retrasar de 60 a 62 años la edad mínima de jubilación. Los sindicatos aseguraron que 2,5 millones de personas participaron en las 200 manifestaciones convocadas ese día en todo el país, una cifra que el Gobierno rebajó y situó en algo más de un millón.
Antes de conocer la nueva convocatoria, el presidente Sarkozy se mostró abierto a realizar cambios en algunos puntos de la reforma del sistema de pensiones, respetando el equilibrio general de la propuesta, pero rechazó realizar una modificación del proyecto en lo que respecta a la edad mínima de jubilación. «No hay posibilidad de retorno en este punto», aseguró el mandatario en un comunicado en el que defendió que la solución que se va a adoptar es la «más razonable» y la que se está llevando a cabo en otros países, después de que la esperanza de vida haya aumentado en más de 15 años desde 1950.
Sarkozy incidió en que se ha negado a recurrir a otras opciones, como bajar el importe de las pensiones o aumentar de forma masiva la presión fiscal, ya que esto último supondría penalizar el poder adquisitivo de los ciudadanos, destruir el crecimiento y el empleo y fomentar las deslocalizaciones.
Sin embargo, el inquilino del Elíseo aseguró que sí se realizarán algunos cambios a la hora de tener en cuenta el tipo de trabajo o la dificultad para realizarlo para mantener la edad de jubilación en los 60 años, opción que se recogía ya en el proyecto para aquellos trabajadores con un grado de incapacidad superior o igual al 20 por ciento.
En este sentido, y teniendo en cuenta las propuestas realizadas por el ministro de Trabajo, Eric Woerth, después de conversar con los agentes sociales, Sarkozy mostró su voluntad de que esta medida se pueda extender a los agricultores y a las personas con un grado de incapacidad superior al 10 por ciento, que deberán comparecer para ello ante un comité multidisciplinar que decidirá si concede una pensión de jubilación a los 60 años en lugar de 62.
Por otro lado, Sarkozy insistió en que se trata de una de las reformas más importantes para Francia, porque es necesario asegurar el sistema a las próximas generaciones, en un momento en el que «una de cada 10 pensiones se financia con deuda». «Es una reforma esencial», remarcó.
Asimismo, consideró «normal» que esta propuesta haya suscitado inquietudes y movilizaciones importantes, como las que se celebraron el martes en todo el país, y reconoció que está atento a las preocupaciones expresadas por los ciudadanos. Así, añadió que las organizaciones sindicales están cumpliendo con su papel a la hora de convocar las huelgas, pero defendió que el Ejecutivo también está atento a las consecuencias que puedan tener en los servicios públicos.
Por último, el mandatario remarcó que con esta reforma está asumiendo sus responsabilidades como presidente, porque «el deber de un jefe de Estado es no ignorar las dificultades o dejar que las resuelvan sus sucesores». «Al contrario, es mirar la situación de cara y aportar soluciones duraderas y justas», agregó.
