La Consejería de Educación ha cerrado ocho unidades escolares rurales en la provincia de Segovia desde 2014 hasta el presente curso escolar por falta de matrícula de alumnos. Estas aulas, que pertenecen a centros rurales agrupados, son las escuelas de los pueblos donde conviven y aprenden niños de distintas edades. De forma que la provincia de Segovia ha perdido una escuela rural por curso en los últimos ocho años. Es un registro medio, ya que ha hay cursos en los que se ha cerrado unidades en tres pueblos y otros sin clausuras.

En el curso 2014/2015 se cerró la escuela de Matabuena; en el 2017/2018 la de Garcillán; en el 2019/2020 las de Pedraza y Villarejo; un año después en Codorniz; y en el presente han desaparecido las de Lastras de Cuéllar, Nieva y Valseca.

El hecho de que las unidades escolares dejen de funcionar en un momento dado no significa su supresión automática, ya que la Administración educativa mantiene la oferta activa y si se vuelven a matricular 3 o más niños en ese pueblo, se debe enviar profesorado allí y reabrir el aula. La experiencia indica que una vez que se echa la llave, es muy difícil que la puerta de esta escuela vuelva a ser abierta.

El descenso de la natalidad, la decisión de algunas familias de llevar a sus hijos a colegios más grandes o, en opinión de varios sindicatos y colectivos sociales, el abandono de la escuela rural son las causas de que caiga en picado la matrícula en los pueblos y, por ende, se cierren sus escuelas. Es un camino difícil de virar ya que en estos mismos últimos ocho años no se han creado unidades en  pueblos pequeños y, en estos momentos, hay una lista de doce con diez o menos alumnos. En esta situación, que se acerca a la línea de peligro,  rebajada por la consejería de Rocío Lucas hasta un mínimo de tres matrículas por unidad,  se encuentran Vegas de Matute, Torrecilla del Pinar, Cerezo de Abajo, Aldeareal, Hontoria, Muñopedro, Juarros de Voltoya, Martín Muñoz de las Posadas, San Pedro de Gaíllos, Veganzones, Narros de Cuéllar y Samboal.  Salvo estas dos últimas localidades que alcanzan la decena de niños, el resto se mueve en una media de entre 5 y 6 escolares.

Para el próximo curso 2022/2023 no se prevén modificaciones en el mapa escolar de la provincia de Segovia, ni cierres ni aperturas de unidades, si bien es necesario esperar a que concluya el proceso de solicitud de plaza iniciado este pasado viernes 18 de marzo.

Desde la Consejería y desde la Dirección Provincial de Educación se ha reiterado en numerosas ocasiones el compromiso de mantener abiertas las escuelas de las localidades que tengan solo tres alumnos, una reducida ratio que no tienen otras comunidades. Hasta ahora el mínimo fijado en Castilla y León para mantener un aula rural era que hubiera cuatro escolares, aunque en los últimos años se había permitido la continuidad de aquellas en las que solo había tres, si había en el pueblo niños con menos de tres años y las familias interesadas en escolarizarlos allí.

En el conjunto de Castilla y León hay una cuarentena de  escuelas que cuentan con tres o cuatro alumnos hace años. Son las unidades, o colegios unitarios en donde uno o más maestros atienden a estudiantes de diferentes edades: desde primero de Infantil hasta sexto de Primaria. Pertenecen a los Centros Rurales Agrupados (C.R.A), que cuentan con una escuela de cabecera. Cuando se cierra una unidad, los niños de esa localidad se desplazan a la cabecera o a otra sede del CRA para continuar con su educación.

Falta de medios en las aulas

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Segovia, Fedampa Antonio Machado, lleva años reivindicado una mayor atención a la escuela rural. Visibilizando sus necesidades y carencias y apoyando a las ampas en sus reivindicaciones; la última ha sido la petición por parte de varios centros rurales agrupados de que sus hijos e hijas pudieran participar en el proyecto del CRIE que todos los años se hace. El colectivo, que agrupa a unas 5.500 familias, asegura que son muchas y variadas las peticiones y necesidades que no se están atendiendo. “Se habla de apoyar e incentivar un medio rural vivo pero lo cierto es que las dificultades a las que se enfrentan las familias con hijos muchas veces hacen que se abandonen los pueblos, lo que conlleva al cierre de escuelas o mantenerlas con muy pocos alumnos”, señala la presidenta de la federación Noelia del Barrios.

En 2021 se ha revitalizado el grupo de trabajo de Escuela Rural de Fedampa y ha trabajado en una serie de demandas que se resumen en medidas para “garantizar la igualdad de oportunidades de los alumnos que residen en el entorno rural y en normativa y condiciones específicas que tengan en cuenta la especificidad de este tipo de escuela”, según sus propias palabras.

El colectivo Antonio Machado reclama a la Administración que se tenga en cuenta la singularidad de la escuela rural en el establecimiento de ratios y condiciones para que se tenga acceso a los servicios como comedor, madrugadores, refuerzo y apoyo educativo, actividades extraescolares, etc. Requiere flexibilidad en el transporte para que los niños puedan acceder a actividades extraescolares en el centro. “Hoy por hoy el transporte está supeditado al horario lectivo y si un alumno quiere quedarse a hacer alguna actividad extraescolar no puede salvo que su familia pueda ir a buscarle más tarde”, explican.

Fedampa considera prioritario bajar las ratios para que se puedan ofrecer servicios como madrugadores, continuadores o comedor y flexibilizar los modelos de gestión de los comedores escolares para que se pueda dar el servicio de comedor en las escuelas rurales; aumentar los medios para la atención a la diversidad y para la sustitución del profesorado; y formación específica del profesorado de la escuela rural ya que dan clase a varios cursos en la misma aula.

La federación, que une a unas 75 asociaciones, indica que la posibilidad de acceder a actividades, excursiones, talleres, clases de repaso o de idiomas en la escuela rural  es “muy limitada y se necesitan recursos extra para poder pagar estas actividades tan necesarias para los niños de pueblos pequeños”. “Se podría subvencionar desde el centro o los ayuntamientos actividades de este tipo o ayudas a las familias para que pudieran costearlas”, dice Noelia del Barrio.