Cientos de miles de familias en España están en riesgo de perder su vivienda, dado que alrededor de nueve millones de personas viven en la pobreza y muchas de ellas sin respaldo jurídico, ni acceso a una información que les permita hacer valer sus derechos, advirtió ayer Amnistía Internacional (AI).
Esta alarmante situación es recogida en el documento Derechos a la intemperie. Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España, dado a conocer en la sede de la organización, por el director de la ONG en España, Esteban Beltrán.
En el acto participó también el abogado Javier Rubio, representante de varias familias alojadas en los asentamientos de la Cañada Real Galiana en (Madrid), que estuvo acompañado de Irene Muñoz, asesora jurídica de la confederación de enfermos mentales Feafes.
Según Esteban Beltrán, la privación del acceso a las personas a una vivienda digna así como a una sanidad pública universal son ejemplos de «violaciones de los derechos humanos» del mismo calado que la falta de libertad o de expresión.
Aparte del problema de las casas con progresivos desahucios y desalojos forzosos, el director de AI denunció que cerca de 200.000 personas carecen de cobertura sanitaria pública por el simple hecho de haber dejado de percibir la prestación por desempleo o por no haber trabajado nunca.
Los participantes en la presentación advirtieron de que muchas de las personas sin recursos en España se encuentran además «indefensas» jurídicamente, dado que no existen leyes que las respalden.
Además, según Beltrán, estos ciudadanos resultan «invisibles» desde el punto de vista estadístico, puesto que apenas existen datos oficiales sobre pobreza o número de individuos desahuciados en el país.
La indefensión y el desconocimiento respecto a la posibilidad de obtener reparación frente a los daños ocasionados por vulneración de derechos se agrava en los grupos socialmente más vulnerables, como los niños, los ancianos, los inmigrantes, las mujeres maltratadas, etc.
Así, por ejemplo, de acuerdo a los datos aportados en el acto, más de 800.000 personas en España son analfabetas, y de ellas, siete de cada 10 son mujeres.
Según los integrantes de la mesa, la falta de datos o el exceso de tecnicismo y opacidad en el lenguaje para informar de ciertos servicios básicos convierten a los ciudadanos en presa fácil de prácticas abusivas. De ahí, la necesidad de una ley que regule el acceso a la información, como existe en otros países del entorno, aseguró Beltrán, quien añadió que ni siquiera la Constitución española otorga a los derechos económicos, sociales y culturales, a excepción de la educación, las mismas garantías de protección que respecto a otros derechos.
Estos privilegios fundamentales son considerados como principios rectores dependientes de leyes específicas, con el problema de que no están siendo recogidos por las legislaciones de las distintas administraciones.
En el encuentro con los periodistas se habló también de los asentamientos de la Cañada Real Galiana, en Madrid, en donde supuestamente viven entre 25.000 y 40.000 personas, que podrían ser desalojadas de sus viviendas «sin ningún tipo de garantías», según advirtió el abogado Javier Rubio, responsable legal de algunas de esas familias.
Rubio recordó el conocido caso en ese asentamiento de Abdelilah Ghailan, a quien le fue derribado su habitáculo en 2007, «sin que la familia pudiera siquiera recoger sus bienes», y en medio de incidentes violentos con la intervención de la Policía municipal y antidisturbios.
El letrado añadió que no es ése el único caso de asentamientos sucesivos en España, pues existen otros, como el del distrito de Sant Martí (Barcelona), en donde varias familias galaico-portuguesas dedicadas a recoger chatarra se han ido acomodando a lo largo de años en distintas naves y solares en desuso.
