El Boletín Oficial de la Provincia incluye en su edición de este viernes el anuncio de aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento para este año, así como de la modificación para incorporar los remanentes de Tesorería correspondientes al ejercicio pasado. Se abre así un plazo de quince días de información pública de ambos expedientes en el que los interesados pueden presentar reclamaciones si así lo consideran oportuno. Si no se registra ninguna, el presupuesto quedará aprobado definitivamente y se publicará por capítulos en el boletín; de lo contrario, el consistorio tendrá un plazo de un mes para resolver.
Hace una semana, el viernes 25 de febrero, el pleno municipal aprobó inicialmente el presupuesto ordinario para el ejercicio de 2022, gracias al voto de calidad de la alcaldesa pero muy criticado por la oposición, aunque pudo salir adelante en la votación porque el portavoz de Podemos se abstuvo.
El Partido Popular votó en contra y en el debate sobre la incorporación de los remanentes de Tesorería el concejal Marco Sandulli anunció que su grupo municipal se reservaba acciones jurídicas futuras porque considera que se ha producido un incumplimiento del procedimiento legal para su utilización en inversiones del Ayuntamiento.
El portavoz de los populares, Pablo Pérez, informó ayer a El Adelantado de que finalmente, tras valorar políticamente la medida, han decidido no denunciar este procedimiento ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia pero se muestra muy crítico porque considera que el gobierno municipal ha generado inseguridad jurídica.
El Grupo Popular señala que el expediente no cumple con lo establecido en el Artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
“Está establecido legalmente para qué se pueden utilizar estos remanentes, que tienen que ser actuaciones para las que debe justificarse que no pueden demorarse y hay muchas de las inversiones que contempla el equipo de gobierno que generan dudas sobre esa urgencia y no sabemos cómo lo justifica porque no ha incluido la Memoria justificativa en el expediente”, explica Pérez.
Sin embargo, a pesar de que no se haya justificado formalmente, “y aunque podamos discutir algunas inversiones”, el portavoz del principal grupo de la oposición admite que no pueden oponerse a invertir en la ciudad emprendiendo una actuación contra esa medida en los tribunales.
“Lo que nos preocupa es que se haya utilizado un procedimiento que genera una inseguridad jurídica y que inversiones importantes para la ciudad puedan peligrar. El PP no va a denunciar y esperamos que no lo haga nadie pero no se puede obviar esa actuación del gobierno municipal, creando esa inseguridad jurídica”.
Pérez recuerda que ese argumento, la inseguridad jurídica, ha sido utilizado por el concejal de Hacienda, Jesús García Zamora, cada vez que el PP ha pedido que los remanentes se destinen a ayudas directas para reactivar la economía segoviana. “En este caso se puede plantear eso mismo: el objetivo puede ser bueno pero a lo mejor la fórmula genera inseguridad jurídica y puede tener consecuencias legales. Aunque se haya suspendido la regla de gasto el Real Decreto 500/1990 está en vigor y la fórmula administrativa que establece debe cumplirse”.
