La Fiscalía Provincial de Segovia solicita doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el anterior alcalde y para quien fuera secretario del Ayuntamiento de Maderuelo entre los años 2010 y 2019.
Así lo hará durante el juicio que tendrá lugar la próxima semana en la Audiencia Provincial, y que se prolongará seguramente durante tres jornadas.
De acuerdo con el escrito de calificaciones, el alcalde y el secretario del Ayuntamiento, construyeron y gestionaron desde el año 2006, un centro de interpretación de la naturaleza, que incluía un bar-restaurante y una tienda. Para ello obtuvieron un préstamo a cargo del fondo del Estado para la modernización de Infraestructuras Turísticas, por importe de 300.000 euros concedido en 2010, y con un plazo de cuatro años para ejecutar la obra. El Ayuntamiento también recibió una ayuda de Zonas de Influencia Socioeconómica en Espacios Naturales Protegidos, por 71.980 euros. Llegado el momento de presentar la memoria justificativa de la actuación, no se aportó documentación por lo que se declaró el incumplimiento y reintegro del préstamo. Sólo se había ejecutado la obra relativa al bar-restaurante.
Además la construcción no cumplía la distancia mínima correspondiente a la línea de edificación, en relación a la carretera, o que supuso un nuevo proyecto, de ejecución para modificar el trayecto de la misma, sin atender a los requisitos legalmente establecidos. La obra no se consideró viable financieramente, según recuerda la Fiscalía. A pesar de ello, el 14 de diciembre de 2016 se resolvió ejecutar la obra por 45.000 euros y sin el permiso correspondiente, “con la única finalidad de favorecer la construcción y posterior acceso al bar restaurante”.
CONSTRUCCIÓN IRREGULAR
El bar se construyó en parcelas rústicas con cierto grado de protección, y en el momento de la construcción no se contaba con licencia ni autorización excepcional. El complejo se encuentra junto a la ermita de la Veracruz y el río Riaza.
Todo a pesar de que el 27 de enero de 2015 se autorizó el uso excepcional, advirtiendo que no se podía ejecutar construcción alguna en dichas parcelas.
A partir de este momento, la gestión se realiza directamente por el Ayuntamiento, sin realizar licitaciones, ni ofertas de empleo público. Además tanto el alcalde como el secretario estuvieron percibiendo cantidades por la gestión del bar-restaurante, a pesar de saber que carecían de autorización para la actividad.
La Fiscalía entiende que se trata de hechos legalmente constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, por lo que procede -añade- imponer a cada uno de los acusados la pena de doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
