El presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, definió ayer como “una venganza” por parte de Fomento Territorial la presentación de una querella en el Juzgado, por haberles retirado de la gestión que llevaban en Segovia 21 y por la que cobraban cantidades desorbitadas, según dijo.
Vázquez aprovechó el pleno provincial para exponer el malestar causado por esta “querella mediática”, según señaló para hacer hincapié en que lo que se persigue es dañar la imagen del presidente provincial, a pesar de que está seguro de que no prosperará judicialmente.
En este sentido, Vázquez defendió la «transparencia» que en todo momento ha presidido la actuación de la Diputación en relación a la sociedad Segovia 21, y en ese sentido, recordó que en la pasada legislatura se celebraron hasta siete comisiones informativas especiales monográficas sobre esa sociedad en las que estuvieron presentes todos los diputados provinciales, la secretaria, el interventor y los administradores de Segovia 21. «En todas ellas han informado paso a paso de la situación y evolución de la sociedad y se ha levantado acta. Con duración ilimitada, todos los diputados han preguntado lo que han estimado conveniente sobre la sociedad participada por la Diputación Provincial Segovia 21, S.A».
En relación a la querella presentada, Vázquez apuntó que «estamos recopilando toda la información solicitada por el Juzgado, como hemos hecho siempre, que es el momento en que se encuentra este proceso». «No hay imputación, no hay petición de comparecencia, no hay apertura de juicio oral, no hay sentencia: son diligencias previas de un procedimiento abreviado para la información del Juez a solicitud de un particular (Fomento Territorial S.L.)»
«Ante la aparición de esta noticia —continuó su intervención—, quiero agradecer el apoyo mostrado por todos los diputados de mi grupo, y de otros grupos políticos. Y también el apoyo recibido muchos ciudadanos anónimos que me han dicho que `esto me pasa por ser honrado y por tratar de ahorrar dinero a la Administración en vez de llevármelo como hacen otros´».
Vázquez aseguró que la querella de esta empresa privada no defiende intereses públicos, y recordó que percibía una media de un millón de euros al año por la gestión de Segovia 21, “aparte de lo que cobraban los miembros del Consejo de Administración». Y que por eso fue destituido.
En este sentido defendió su actuación en la sociedad Segovia 21, que ha permitido reducir «en más de un millón de euros anuales los gastos de gestión y administración de esta empresa». «Y yo no cobro nada», puntualizó.
«¿Se puede calificar esta denuncia como una venganza? -se preguntó-, ¿Por qué no se ha presentado contra todos los que tomaron las decisiones (Diputación, Bankia, Cámara)». «El fin mediático y político perseguido por la querella ya está alcanzado», añadió el presidente en su intervención. Además anunció que a la vuelta del verano convocará otra Comisión Informativa Especial sobre Segovia 21, “de la que esta Corporación conoce todo desde que yo la presido».
Antes de concluir, el presidente de la Diputación aseguró que «estamos y debemos estar absolutamente tranquilos y con la confianza de que en todo momento hemos tomado las mejores decisiones por el bien de esta sociedad y de la defensa de los intereses de la Diputación y por supuesto dentro de la más estricta legalidad».
Por su parte, el portavoz del grupo popular en la Diputación, José Luis Sanz Merino, expresó su apoyo al presidente. Destacó el esfuerzo de transparencia realizado por la institución y por Francisco Vázquez informando sobre todo lo relativo a dicha sociedad. «Incluso se han celebrado reuniones con los portavoces de los grupos representados en el pleno, en la anterior legislatura PP y PSOE, donde se abordó documentación confidencial y reservada», subrayó Sanz Merino. Es más, en los últimos años, el presidente ha mantenido varios encuentros con miembros de UPyD, a pesar de que este grupo no tenía representación en la Diputación, donde les informaba de la situación y el trabajo desarrollado.
Para el portavoz popular «no es de recibo que la mera presentación de una denuncia constituya, para algunos grupos políticos, la inhabilitación política del denunciado, puesto que demuestran que no persiguen conocer la verdad, sino minar el prestigio político de las instituciones y de sus representantes», agregó.
Por ello, Sanz Merino instó al grupo provincial de UPyD a expresar estas dudas e inquietudes en el seno institucional, es decir, en el pleno, comisión o dirigiéndose a la Presidencia, «que es donde se deben hacer estos requerimientos y no sólo en una rueda de prensa dando credibilidad a una denuncia totalmente infundada, como ha explicado el presidente».
Por último, el portavoz del grupo popular en la Diputación quiso dejar claro que la denuncia sólo ha dado lugar a iniciar una investigación por el Juzgado sin que éste haya procedido siquiera a señalar a las personas que están involucradas.
