El Juzgado de lo Social de Segovia ha fallado en contra de las pretensiones de Luis Aguiar, hermano de la exconcejala de Cultura, que había presentado una demanda contra el Ayuntamiento al entender que había mantenido una relación laboral directa durante más de una década con la entidad local “disfrazada” por sucesivos contratos de servicios. El demandante alegaba que se vio obligado a darse de alta como autónomo para no perder su puesto de trabajo.

Como informó El Adelantado, el ex responsable técnico de este centro de creación municipal presentó una demanda en abril de 2021, al considerar que su relación laboral con el consistorio segoviano era asimilable a la figura conocida como “falso autónomo”.

La vista oral se celebró el martes pasado y, en la sentencia, la magistrada juez de lo Social desestima la demanda de Aguiar y absuelve por lo tanto al Ayuntamiento al entender que, a la vista de las pruebas aportadas, no ha quedado acreditada la existencia de una relación laboral.

El fallo no es firme, ya que el demandante puede presentar un recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Contratos administrativos

En la sentencia se señala que hubo “multitud de contratos administrativos menores” por los que el Ayuntamiento adjudicó a Luis Aguiar la prestación de servicios de trabajos de proyección cinematográfica, videográfica, sonorización, iluminación y tramoya en general del citado centro de creación La Cárcel.

El hermano de la exconcejala acreditó que ya con anterioridad al primero de esos contratos, que tiene fecha 1 de abril de 2011, había sido nombrado en 2010 técnico de la instalación audiovisual y escénica dentro del nombramiento de la coordinación de seguridad y salud e integración en la dirección facultativa de los técnicos específicos para la obra del espacio de La Cárcel destinado a artes escénicas y de un espacio multifuncional.

La magistrada señala como no probada la existencia de relación de dependencia alguna con la administración demandada y especifica expresamente que no se fijó un horario a este ex responsable de los citados servicios técnicos, ni estaba incluido en la organización del trabajo por parte de la Concejalía de Cultura.

A mayores, indica que tampoco se ha probado su sometimiento a las órdenes y directrices del alcalde o alcaldesa, concejales u otro personal municipal, ni la concesión de vacaciones, permisos o licencias, “lo que conduce a negar la existencia de las notas que caracterizan la existencia de un vínculo laboral”.

La sentencia recoge abundante jurisprudencia y sostiene, en sus fundamentos de derecho, que la prestación del servicio que realzaba Aguiar en La Cárcel “no tiene carácter personalísimo” porque existía la posibilidad, y así consta en los contratos, de que lo pudiera desempeñar otra persona diferente al titular de la adjudicación “en caso de imposibilidad del demandante”.

“Lo que sí consta es una prestación de servicios profesionales … con obligación de determinado resultado, sin que en su ejecución se hallara sometido a órdenes ni instrucciones de superior jerárquico alguno”, afirma la magistrada.

Por otro parte, sostiene que el hecho de que la prestación de esos servicios se realizara bajo la forma jurídica de contratos administrativos menores, “el último de ellos, idéntico a los anteriores, declarado ilegal —en referencia a la sentencia del 21 de junio del año pasado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia— no convierte la relación jurídica en laboral, toda vez que no concurren en ella los requisitos del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores”.

En definitiva, sumando todos los elementos, concluye que el responsable de los servicios técnicos de La Cárcel desde el 1 de abril de 2011 hasta el 25 de junio del año pasado no estaba integrado en el círculo rector y disciplinario del Ayuntamiento, lo que impide atribuir un carácter laboral a su relación con esta administración.

En su demanda, Aguiar explicaba de forma pormenorizada las funciones que realizaba, incluyendo las de técnico de gira, “pues cuando el equipo técnico del Centro de Creación La Cárcel sale de las instalaciones… lo acompaña, realizando distintas actuaciones” en lugares como La Alhóndiga, San Nicolás, la Casa Museo de Antonio Machado o el festival Un Oasis de Cultura.

Mantenía también que desde el principio había figurado en el organigrama de la corporación local, como responsable de las instalaciones de La Cárcel, “sometido a las instrucciones que le daban sus superiores jerárquicos en cuanto a los trabajos a realizar y horarios en los que debía hacerlos, trabajando con el resto de personal del Ayuntamiento y teniendo un correo corporativo”; este último con el mismo dominio @segovia.es que el resto de empleados municipales.

Por todo ello pedía que se reconociera una relación laboral indefinida a tiempo completo desde el 4 de junio de 2010 y, por lo tanto, su incorporación como trabajador indefinido a la plantilla del Ayuntamiento de Segovia con el salario que mantenía hasta junio, 2.250 euros al mes, incluyendo la parte proporcional de pagas extraordinarias.

Crónica de la caída de los Aguiar

El PP denunció en septiembre de 2020 un posible “dedazo” en la contratación de la dirección del festival de cine heredero de la Muces. Comenzaba así uno de los mayores ‘culebrones’ en la relación entre la oposición y el gobierno municipal, que terminó con la renuncia al acta de concejal de Gina Aguiar al principio del pasado verano. Antes lo había hecho como edil de Cultura, manteniendo el área de Turismo.

Como se recordará, en marzo de 2021 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo declaró no ajustado a derecho el contrato de dirección del festival de cine europeo.

Una Comisión extraordinaria de Cultura en el seno del consistorio solo sirvió para extender las dudas sobre las contrataciones en la Concejalía. Además de las críticas y la investigación del PP, Podemos reclamó una auditoría.

Poco después, en abril de 2021, el PP anunció que también iba a llevar a los tribunales el contrato del servicio técnico de La Cárcel con el entonces hermano de la edil de Cultura, Gina Aguiar. Este mismo mes, el técnico afectado presenta su demanda en el Juzgado de lo Social.

Nuevamente, en junio pasado, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo declara también nulo el Decreto de la Alcaldía por el cual se aprobaba un contrato de menor cuantía con Luis Aguiar para los servicios técnicos de La Cárcel. La sentencia recoge que “la necesidad de prestación del servicio … se ha venido desarrollando sin solución de continuidad durante la década del 2011 al 2020, de manera que nos encontramos ante necesidades permanentes… no se producen de manera coyuntural”.

Esta nueva sentencia motivó la renuncia de Gina Aguiar a su acta de concejal, lo que se materializó en el pleno del mes de julio.

Paralelamente, el gobierno municipal había puesto en marcha un nuevo protocolo para los expedientes de contratos menores municipales y abrió un procedimiento para formalizar un nuevo contrato de servicios destinado a la asistencia técnica en La Cárcel_Centro de Creación. A este procedimiento se presentaron dos licitadores, entre ellos Luis Aguiar, quien quedó fuera, al considerar la Mesa de Contratación del Ayuntamiento que su oferta era la menos ventajosa para el consistorio.