La huelga de letrados de justicia que se llevó a cabo ayer en toda España provocó la suspensión o aplazamiento de cerca de un centenar de actos judiciales en la provincia. El seguimiento del paro en Segovia fue del cien por cien, de modo que prácticamente toda la actividad ordinaria se anuló o se aplazó.
Tan sólo se llevaron a cabo actividades previstas en los servicios mínimos marcados por el Ministerio de Justicia. De acuerdo con estos mínimos, estuvieron operativos los juzgados de primera instancia de la provincia, el de guardia de la capital, y la propia Audiencia Provincial.
Los profesionales de Segovia en huelga, antiguamente conocidos como secretarios judiciales, se reunieron en la sala de vistas de la Audiencia Provincial, donde expresaron los motivos que les ha llevado a convocar esta huelga de un día, y que, de no obtener resultado, se repetirá en febrero pero con una duración mayor.
Así lo señalaron los letrados judiciales, que reconocieron los inconvenientes que puede tener para la población, pero que se ven obligados a llevar a cabo para llamar la atención del Ministerio, dijeron.
Una de las portavoces del grupo de letrados segovianos, Esmeralda Hernán, aseguró que una de las reivindicaciones que mantienen y les ha llevado a secundar el paro se debe a la falta de cumplimiento, por parte del Ministerio de Justicia, del acuerdo por el que se les adecuaría su salario a las nuevas funciones laborales que han ido asumiendo en los últimos años, y que según Esmeralda Hernán, estas nuevas labores trataban de descargar a los jueces y magistrados. «Asumimos con agrado nuestra labor porque nos gusta el trabajo que hacemos, y nos parece bien que se nos valore, pero también que se nos retribuya de acuerdo con esa responsabilidad«, explicó. «Pero desde 2009 no ha habido contraprestación alguna por parte del Ministerio, como se había acordado«.
También reclaman el complemento correspondiente de haber pasado a ser los encargados del Registro Civil. Antes eran los jueces quienes tenían esa competencia, pero no se ha trasladado la retribución por dicha tarea.
Los letrados recuerdan que al igual que los jueces, pertenecen al grupo de funcionarios A1, pero su retribución no resulta acorde a tal categoría. Su labor, como directores técnico-procesales de la oficina judicial, abarca todo el proceso que se lleva a cabo en el juzgado, salvo el de resolver y dictar sentencia, que compete al juez. Hay un letrado por cada juzgado.
Otra de sus demandas se refiere al reconocimiento de su derecho a negociar sus condiciones laborales, puesto que los sindicatos generalistas «no defienden en absoluto los intereses de este cuerpo». De hecho estas centrales recurrieron ante el Supremo el régimen de sustituciones y también tienen impugnada la convocatoria de oposiciones al cuerpo.
Por último, piden un impulso al régimen reglamentario en cuanto a categorías, escalafón y concursos de traslados, así como un plan de prevención de riesgos laborales.
Desde el Ministerio que dirige Pilar Llop no se aportaron datos ayer del seguimiento que ha tenido la convocatoria en las provincias de Castilla y León. Sí los dieron de otras comunidades y añadieron que hay interés y están abiertos a negociar las reivindicaciones para el Cuerpo.
