La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha convocado movilizaciones en la última semana del próximo mes de febrero para reclamar medidas que mitiguen el desorbitado incremento de costes que están soportando agricultores y ganaderos y que está poniendo en juego la continuidad de muchas explotaciones en la Comunidad.

El coordinador regional de la organización agraria, Jesús Manuel González Palacín, aseguró que tanto el Ministerio de Agricultura como la Junta pueden tomar medidas para paliar una subida de costes que en el caso de la cebada de secano se ha incrementado un 49 por ciento, o que en el caso de las patatas ha pasado de 6.000 a 7.500 euros por hectárea.

Así, indicó que en los últimos meses el gasóleo se ha incrementado un 75 por ciento, los herbicidas un 45 por ciento, el nitrato un 180 por ciento o la electricidad más de un 350 por ciento.

Para el responsable de UCCL, las administraciones deben ser las encargadas de evaluar y publicar los costes de producción para que se conviertan en la referencia de la Ley de la Cadena Alimentaria que se acaba de publicar.

Evitar abusos al sector

“Esa responsabilidad no la están cargando ahora a los productores, y resulta imposible negociar los precios con la industria. Con unos costes de producción oficiales no podríamos hacer valer a la hora de firmar contratos”, apuntó.

A su vez, también consideró fundamental definir la posición de dominio, para que las grandes cadenas de distribución no fijen los precios arriba abajo, y establecer mecanismo de vigilancia para evitar los abusos.

Por otro lado, también reclamó una fiscalidad “acorde” al crecimiento exponencial de los costes de producción y demandó un incremento de los gastos de difícil justificación en estimación directa y una rendición de los rendimientos en los módulos. “Se trata de ajustar la fiscalidad a las actuales circunstancias”, indicó.

Otra de las demandas de UCCL será la modificación del Plan Estratégico que el Gobierno ha enviado a Bruselas para la reforma de la PAC para que solamente los profesionales a título principal reciban estas ayudas como ocurre en países como Francia y Alemania, donde las subvenciones se reparten entre poco más de 300.000 perceptores, mientras que en España se superan los 700.000 beneficiarios.

Vuelta de las tractoradas

Además, también apuntó que las movilizaciones, que principalmente serán tractoradas, se aprovecharán para plantear reivindicaciones históricas como son la relativa a una ley que regule la representatividad de las organizaciones agrarias a nivel nacional y la doble tarifa eléctrica para que en las explotaciones de regadío se suprima el mínimo que deben pagar los agricultores que solo riegan seis meses.

En relación con esto, González Palacín acusó al ministro de Agricultura de “engañar” de forma sistemática a la organización y recordó el compromiso de Luis Planas elaborar en esta legislatura una ley para medir la representatividad de las organizaciones agrarias a nivel nacional y poner fin al “a la falta de democracia” y al “corralito” que existe desde hace catorce años.