En el día en el que se convalidó el decreto ley de Medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de la Seguridad Social, en el que no se revalorizan las pensiones en función del IPC de noviembre, con el único apoyo del PP, se conoció que el Gobierno estudia un endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y parcial, ante las dificultades para alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo. La idea del Ejecutivo es aprobar, antes de que acabe el año, un Real Decreto para incorporar a la reforma de las pensiones que entrará en vigor el 1 de enero de 2013.
A día de hoy, y tras el anuncio de todos los grupos de la oposición de que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional por la no revalorización de las retribuciones, parece complicado que los Grupos Parlamentarios acerquen posturas sobre la materia con el Gabinete de Mariano Rajoy.
Así, el horizonte que se dibuja para el Gobierno en torno a las jubilaciones anticipadas es de falta de acuerdo en el presente y también en 2013, por lo que el Ejecutivo se vería forzado a aprobar su reforma por la vía rápida. Otro elemento que presionaría al Gobierno para acelerar esta limitación es la necesidad de atajar tanto el fraude que se produce en algunos casos, como el incremento que han experimentado en los últimos meses, con el consecuente repunte del gasto para la Seguridad Social.
Los datos del Ministerio de Empleo reflejan que el gasto por este tipo de retiros se ha elevado de 101,6 millones a 189,9 millones de euros anuales entre 2005 y 2011.
Según Empleo, la jubilación anticipada, que permite al trabajador abandonar la empresa con 61 años, si es forzado por la empresa, o con 63 años, si es de forma voluntaria, afectó en 2011 a 383.900 personas, con una pensión media de 1.356 euros y un coste anual de 7.288 millones. En el caso de la parcial, que permite abandonar el mercado de trabajo con 61 años, ascendió ese año a 120.952 personas, con una pensión media de 1.588 euros, y un coste de 2.690 millones de euros al año.
Por otro lado, el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó ayer el decreto en el que no se revalorizan las pensiones en función del IPC de noviembre, con el único apoyo del PP, la abstención de UPN y el rechazo del resto de grupos parlamentarios.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, insistió en que esta norma supone un incremento del 1 por ciento en las retribuciones a partir de enero (del 2 por ciento en las inferiores a 1.000 euro) frente a la congelación por la optó el Gobierno socialista en su último año.
El fracaso de un acuerdo histórico.- La negativa del PSOE a incluir a los diputados de Amaiur en el recurso de inconstitucionalidad de todos los grupos de la oposición en el Congreso contra el decreto que aprueba la no revalorización de las pensiones al IPC de noviembre ensombreció un acuerdo considerado «histórico», ya que hubiese sido la primera vez que toda la oposición parlamentaria acudiese unida al Tribunal Constitucional (TC) en contra de una norma aprobada por el Gobierno.
Después de varios días de negociación, se había acordado que todos los grupos parlamentarios sumarían fuerzas para pedir juntos a los magistrados que anulasen una decisión «retroactiva» sobre las pensiones.
Sin embargo, los socialistas, los únicos con suficientes diputados para recurrir, vetaron la inclusión de firmas de la izquierda abertzale y eso creó fisuras en la alianza, pues ERC se desmarcó. También UPyD, cuya apoyo era imprescindible para presentar un recurso alternativo de todas las minorías, quiere acudir al TC de la mano de Amaiur.
De esta forma, es segura la firma en el recurso de diputados del PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV y parte del Grupo Mixto: el BNG y previsiblemente CC, mientras que Foro Asturias decidirá en función del texto. No obstante, esta discrepancia de última hora con Amaiur y ERC impidió, además, la fotografía de todas las formaciones de la oposición, con la que pretendían escenificar este recurso histórico.
Tras enterarse en los pasillos de la Cámara de que los socialistas no querían a su formación en el acuerdo, el portavoz de la coalición abertzale, Xabier Mikel Errekondo, explicó que su intención era «hacer causa común con el resto de parlamentarios» en el objetivo de frenar al Gobierno, pero se encontró con una «carencia democrática».
