El Consejo de Informativos de TVE calificó de “injustificable” que los dos debates electorales previstos en Castilla y León y regulados por su ley electoral vayan a ser organizados por la televisión privada autonómica Castilla y León Televisión, en lugar de que cada una de estas dos cadenas dispuestas a hacerlo hubieran producido uno cada una.
En un comunicado, este órgano de TVE argumentó que “existiendo la obligatoriedad de organizar dos debates electorales y habiendo dos propuestas de los medios de comunicación diferentes para albergarlos” resulta “injustificable, desde el más elemental sentido común, que no se haya dispuesto que cada uno organice uno de ellos”.
“Sin aportar argumentos, se ha optado por que uno de ellos organice los dos”, lamentó el Consejo de Informativos de la cadena pública, en referencia al acuerdo alcanzado el pasado viernes por la Comisión Organizadora de los Debates Electorales, que ha sido impugnado por la propia TVE, por el Colegio de Periodistas de la Comunidad y por un ciudadano a título particular, lo que analiza actualmente la Junta Electoral.
Para este órgano, resulta “incomprensible” una decisión tomada por un grupo de representantes de medios de comunicación que “lesiona tan gravemente la pluralidad” exigida en la propia normativa electoral.
“El veto a la radiotelevisión pública supone un importante agravio para la ciudadanía”, resumió el Consejo, para quienes la composición de la comisión organizadora de los debates “cuenta con una mayoría de representación de intereses empresariales mediáticos confluyentes, lo que puede inclinar en buena medida las votaciones y decisiones de la misma”, lo que les lleva a dudar si se trata de una “partida con las cartas marcadas o con un resultado final preconcebido”.
En este sentido, han pedido un “frente común” entre la Dirección de la Corporación de RTVE, las instituciones públicas, los partidos políticos y sus candidatos y la ciudadanía en general para la “defensa inequívoca de la radiotelevisión pública como referencia de pluralidad y eje vertebrador de la información nacional y regional”. “Hacer lo contrario, por acción u omisión, resultaría no solo deshonesto, sino un flagrante incumplimiento de sus deberes”, zanjaron.
