Armados con todo tipo de armas y furiosos por la muerte de cinco agentes egipcios, el pasado mes de agosto, en un ataque aéreo israelí sobre la frontera entre el país de los faraones e Israel, cerca de 2.000 manifestantes hicieron ceder, la madrugada del pasado viernes, varias partes del muro construido a lo largo de esta semana para proteger la embajada hebrea de El Cairo. Así, todos los allí reunidos protagonizaron unos enfrentamientos que, hasta el momento, se han saldado con tres muertos y 1.049 heridos, entre ellos 300 miembros de la Policía.
Además, y según informó el ministerio de Sanidad y fuentes gubernamentales, 217 personas fueron hospitalizadas y 832 recibieron primeros auxilios, la mayoría de las lesiones fueron cortes y pequeñas contusiones.
Pero las protestas no quedaron ahí, ya que durante toda la jornada de ayer, continuaron frente a la legación diplomática exigiendo el cierre de la delegación, la salida definitiva del embajador, la suspensión de las exportaciones de gas, así como, la cancelación del acuerdo de paz de Camp David. Por ello, las Fuerzas de Seguridad acordonaron la zona para evitar nuevos ataques.
Entre los daños causados por los choques, varios camiones de los agentes fueron quemados.
Ante esta situación, el ministro del Interior egipcio, Mansur al Esawy, recurrió a la Ley de Emergencia y canceló las vacaciones de todos los miembros de la Policía.
A pesar de los incidentes y sus consecuencias, los agentes norteafricanos lograron evacuar a seis israelíes que permanecían bloqueados en el interior de la delegación, mientras que su diplomático, Yitzhak Levanon, también pudo salir en un avión militar desde El Cairo y aterrizó sin incidentes en Tel Aviv. Al igual que él, docenas de ciudadanos alcanzaron el aeropuerto. En la delegación solo quedó el cónsul, que continuará allí hasta que Israel decida su respuesta.
Mientras, los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de El Cairo, y 38 personas resultaron detenidas por los incidentes. Una fuente judicial señaló que el fiscal general egipcio, Abdul Maguid Mahmud, trasladará a los arrestados a la Fiscalía militar para iniciar la investigación por las acusaciones de motín, incitación a las masas y amenaza de la paz y la seguridad pública.
Además, diversos juristas tuvieron que abandonar la labor que estaban llevando a cabo en todos los hospitales en los que tomaban declaración a los heridos, al verse sorprendidos en un nuevo conjunto de ataques.
Ante estos sucesos, que todavía no se han solucionado, las consecuencias políticas no tardaron en llegar.
Fuentes próximas al Ejecutivo aseguraron que el primer ministro, Essam Sharaf, podría comunicar la dimisión de su Gabinete al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
La decisión se debería a la incapacidad para impedir el asalto a la legación diplomática. Aunque, finalmente, la junta militar rechazó la renuncia de Sharaf.
