El presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, negó ayer ante el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Monterde haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos públicos en 2001 y rechazó que su imputación por este asunto le lleve a dimitir. “Tengo la conciencia tranquila y los bolsillos cristalinos, no tengo ningún tinglao raro”, dijo.
Imbroda atendió a los medios de comunicación al término de su declaración en el Supremo, que se extendió durante casi hora y media. La citación se produjo sin necesidad de cursar antes suplicatorio porque fue solicitada por el dirigente popular.
El alto tribunal abrió causa contra Imbroda el pasado 12 de febrero tras estudiar la exposición razonada remitida por titular del juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo Espinosa, quien vio indicios de un delito de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación efectuada por el Gobierno local. La Fiscalía sólo vio claro el primero de ellos.
A las puertas del alto tribunal señaló que durante su declaración ante el magistrado instructor dio las explicaciones oportunas y que salió con la conciencia igual de tranquila que tenía antes de comparecer durante el día de ayer. “Respeto a la Justicia y tengo que esperar a lo que dice el Supremo”.
Explicaciones
Sobre los hechos que se le imputan, el presidente de Melilla insistió en que “está todo explicado” y que los hechos se remontan a la primavera de 2001, por lo que tuvo que hacer esfuerzos para ver lo que pasó en aquella época. “Pero una vez que me he puesto al corriente de lo que pasó pues he comprobado que actué conforme a derecho y eso es lo que he explicado”, dijo.
Imbroda insistió en que la contratación se realizó “sin ninguna doblez y ninguna mala intención” y en que fue apoyado por los servicios técnicos y jurídicos de la Administración autónoma. “En ningún momento tuve ninguna advertencia de ilegalidad”, afirmó, para añadir que en estos casos “lo peor son las incertidumbres” y por eso tras enterarse de la investigación abierta se dirigió al Supremo para declarar voluntariamente.
Preguntado si su situación es la misma que la de los expresidentes Chaves y Griñán, el presidente de Melilla afirmó que él no se mete en otras historias y que vino a hablar de su “libro”, que tuvo que ver con una presunta prevaricación administrativa del año 2001.
“Aquí no hay ninguna malversación de fondos públicos ni tráfico de influencias ni dinero ni nada, lo demás pues serán sus problemas”, añadió.
Por ello insistió en que él tiene la conciencia tranquila aunque pone su cargo a disposición del PP. “Si me lo piden estaré abajo limpiando, porque aquí lo importante son los ciudadanos de Melilla, a los que lo que menos les interesa es la inestabilidad”, concluyó el presidente de Melilla.
La Fiscalía informó favorablemente a la apertura de este procedimiento el pasado octubre.
