El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, avanzó ayer que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año próximo incluirá la devolución a los funcionarios del 25% de la paga extraordinaria que se les anuló en el año 2012. Además, el Ministerio confirmó en una reunión con los sindicatos de la función pública que volverán a congelarse los salarios de los funcionarios, por quinto año consecutivo, algo a lo que las centrales amenazan con responder con movilizaciones.
En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Montoro afirmó que la intención del Ejecutivo es “devolver parte de la paga extra de 2012” al personal de la Administración General del Estado y “habilitar” al resto de administraciones públicas a hacer lo mismo en función de sus posibilidades presupuestarias.
Por su parte, los sindicatos de la función pública criticaron que ese 25% no es sino la parte correspondiente a los 44 días devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012 (fecha de entrada en vigor del decreto ‘antidéficit’ que suprimió la paga) que los tribunales están reconociendo en diferentes niveles de la administración.
El presidente de CSI-F, Miguel Borra, aseguró que más allá de ese 25 por ciento, desde Hacienda no se ha explicado si los funcionarios cobrarán el 75% de la paga extra restante.
Todas estas decisiones suponen, según declaró Borra, “un nuevo portazo a que la recuperación económica llegue a los empleados públicos”. “Van cinco años consecutivos de congelación salarial en los que los funcionarios han perdido poder adquisitivo y van a devolvernos el 25% de la paga extra, porque no les queda más remedio, porque lo estamos ganando día a día en los tribunales”, dijo.
“Hemos pedido la devolución del 100% de la paga a todos los empleados públicos y nos oponemos a la congelación salarial. Luego, la tasa de reposición vuelve a ser total y absolutamente insuficiente”, añadió, para apostillar que “decenas de miles de puestos de trabajo se van a volver a perder a lo largo de 2015, lo que supondrá plantas de hospitales cerradas y más inseguridad en las calles”.
Los sindicatos avisaron de que no descartan movilizaciones y advirtieron al Gobierno de la masa de votos que suponen los funcionarios de cara a próximas citas electorales.
Así, Borra señaló que “a este Gobierno le quedan pocos meses para hacer justicia con los empleados públicos”, y aseguró que “no descartan “ninguna opción” de presión a la hora de tratar de mejorar las condiciones laborales.
Por su parte, CCOO añadió que “si el Gobierno no está dispuesto a cambiar el rumbo durante la tramitación parlamentaria de los PGE, el sindicato estudiará la posibilidad de tomar medidas y de poner en marcha iniciativas de contestación”.
