La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha comprometido a estudiar el cese del presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Fernando Montes Ponce de León, por “grave incumplimiento de las obligaciones propias del cargo o incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones”, tal y como sostiene la Plataforma Víctimas Alvia 04155.
La responsable del Mitma, acompañada por la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, así como por la presidenta de Adif y el presidente de Renfe, se reunió este jueves con una delegación de esta plataforma, con su presidente al frente, Jesús Domínguez, pero integrada también por Javier García Municio, padre del joven segoviano Curro García Liras, una de las 80 víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en Angrois (Santiago de Compostela) el 24 de julio de 2013 en el que también resultaron heridas 144 personas.
Los integrantes de esta plataforma llevan desde entonces reclamando una investigación técnica independiente y han conseguido el apoyo de instituciones comunitarias europeas en ese sentido. Alegan que la normativa permite a la ministra revocar a los miembros de la CIAF y consideran “inaceptable” que después de ocho años no se hayan investigado las causas que motivaron la tragedia, además del presunto despiste del maquinista del tren Alvia accidentado, que está acusado, junto al exjefe de seguridad de Adif como presuntos responsables de 80 homicidios y 144 delitos de lesión por imprudencia profesional grave.
El juicio oral todavía no se ha celebrado y las víctimas consideran increíble que el próximo lunes, día 20, vaya a inaugurarse “a bombo y platillo” el nuevo tramo de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia sin que se haya aclarado lo que ocurrió en Angrois “para que no vuelva a suceder”.
Por otra parte, desde la Plataforma Víctimas Alvia 04155 han comentado que están “muy preocupados por los procedimientos de infracción, que casi tres años después, continúan abiertos por Bruselas debido a que ‘los procesos de seguridad en España no cumplen los requisitos’ de la legislación de la Unión Europea sobre seguridad ferroviaria”.
