“Renovables sí, pero no así” es el lema bajo el que, convocados por ALIENTE (Alianza Energía y Territorio), se manifestaron el pasado octubre más de 15.000 personas pertenecientes a 180 organizaciones de todo el Estado. La mayoría representaban a territorios de la España despoblada que en los últimos años se han visto invadidos por una avalancha de macroproyectos de energía eólica y solar, muchos de los cuales amenazan con cambiar la fisonomía de su paisaje y sus modos de vida.
El cambio climático y la progresiva escasez de combustibles fósiles requieren de un tratamiento común: ahorro y eficiencia energética, por un lado, y utilización de fuentes de energía renovables, por otro. Nuestra sociedad, con los poderes públicos a la cabeza, debería activar todo su conocimiento para impulsar una transición energética racional, justa y ecológica, eliminando en primer lugar el consumo superfluo e incrementando la eficiencia energética de las tecnologías que utilizamos.
Posteriormente, una vez evaluadas nuestras necesidades energéticas presentes y futuras, habría que elegir los mejores emplazamientos de las nuevas instalaciones de producción energética, pero usando criterios científicos, técnicos, ecológicos, económicos y sociales, minimizando el impacto en el paisaje y la biodiversidad, y contando siempre con el consenso de los habitantes de los territorios afectados.
Tras la crisis de la COVID19 se han movilizado ingentes cantidades de dinero para recuperar la actividad económica, incluyendo la creación de nuevas instalaciones de producción de energía renovable, muchas de las cuales no cuentan con una adecuada planificación y cuya selección de emplazamientos está realizada principalmente por las empresas promotoras en base al único criterio de su propio beneficio empresarial, además de contratar ellas mismas los informes de impacto ambiental. Esta realidad es acorde con el actual modelo centralizado de producción y distribución energética, frente al modelo distribuido más habitual en Europa, mucho más sostenible y viable.
Una red energética centralizada consiste en la producción de energía en centrales (térmicas, nucleares o hidroeléctricas) situadas a grandes distancias de los lugares de consumo, por lo que requiere de una compleja infraestructura de transporte y distribución hasta los puntos de consumo. Desde un punto de vista económico, este tipo de redes tiene un buen rendimiento, pero presentan grandes inconvenientes, como un elevado impacto medioambiental, una gran dependencia de los recursos que se utilizan –sobre todo en el caso de los combustibles fósiles– y una elevada pérdida de rendimiento, motivada por los procesos de transformación necesarios para el transporte de la electricidad.
En las redes energéticas distribuidas, la generación de energía, normalmente mediante el uso de energías renovables, está descentralizada y próxima a los puntos de consumo, reduciendo pérdidas, descargando la red de transporte y favoreciendo el autoconsumo: los usuarios –particulares, instituciones, industrias, comunidades energéticas, etc.– no solo consumen, sino que también producen electricidad a través de los excedentes de sus instalaciones que inyectan en la misma red. Esto ayuda a ahorrar energía, reducir costes e incrementar la usabilidad y la transparencia del sistema energético.
El despliegue de las renovables por medio de gigantescas instalaciones supone la pérdida de suelo fértil, una gran afectación a la biodiversidad, cambios en los usos y actividades imprescindibles para asentar a la población local, y la pérdida de atractivo y de empleos en agricultura, ganadería y servicios, puesto que el empleo se crea solo en la fase de construcción para ser mínimo durante el mantenimiento de la actividad.
Existen suficientes alternativas de emplazamientos donde se producirían menores impactos sobre la biodiversidad, y se debería priorizar esta tipología de suelos para la instalación de energías renovables, tales como áreas urbanas e industriales –próximas además a los puntos de consumo–, potenciando la instalación en cubiertas y tejados, y limitando la utilización de espacios de alto valor natural, cultural y social.
Especulación con macroplantas
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece el objetivo de incorporar 26.134 MW de fotovoltaica en nuestro país entre 2021 y 2030, pero a día de hoy la potencia de acceso solicitada es de 96.000 MW, más de 70.000 MW por encima de lo planificado.
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) ha denunciado que las grandes instalaciones de solar fotovoltaica “suponen un quebranto para el territorio y para el ciudadano”, imponiendo este modelo en España frente al modelo distribuido más común en Europa, instando a las administraciones a que establezcan una moratoria y articulen con carácter de urgencia las medidas necesarias para limitar la dimensión de los nuevos proyectos fotovoltaicos y ordenar su distribución territorial.
Al mismo tiempo alertan de que una especulación desmesurada de grandes fondos de inversión “está aprovechando las debilidades de nuestras administraciones y la falta de información del ciudadano para implantar superficies casi infinitas de paneles fotovoltaicos”. Esta tendencia, si no se ve acotada, acarreará graves consecuencia para el territorio y un trastorno irreparable para los españoles, advierten. Estas gigantescas instalaciones bloquean, además, el acceso a las iniciativas fotovoltaicas locales, de tal manera que buena parte del patrimonio solar de nuestro país será aprovechado solo por grandes corporaciones foráneas sin dejar riqueza ni empleo en nuestros municipios, concluyen.
Los parques de gran tamaño son menos eficientes, ya que las pérdidas totales de energía que generan las macroplantas, en su transporte y distribución hasta el consumidor, llegan a alcanzar valores cercanos al 20%, imputándose este coste directamente al consumidor final. Con un esquema de parques pequeños y medianos, las pérdidas por transporte se minimizan, lo que haría que los costes del sistema eléctrico y en consecuencia la factura de la luz se redujese significativamente.
¿Permitiremos que se venda nuestra provincia a las eléctricas?
