Unos 12.000 trabajadores del sector cárnico en Castilla y León están llamados a una huelga, los días 25 y 26 de noviembre y del 3 al 8 de diciembre, por desacuerdos en el nuevo convenio colectivo, que se está negociando desde hace once meses y que está afectado por la reforma laboral de 2012 y puede perder vigencia, según han asegurado este jueves en rueda de prensa representantes de CCOO.
El secretario de Estrategias Industriales y Participación Institucional de Industria de CCOO-CyL, Miguel Ángel Brezmes, ha subrayado que los motivos de la huelga son, entre otros, el incremento salarial, «ya que el IPC está en torno del 5,5% y si no hay una cláusula de revisión se produciría una pérdida de poder adquisitivo».
«Hay otras cuestiones, como el trabajo en sábados y domingos que para nosotros es inasumible, el teletrabajo o el registro de jornada, que no son cuestiones menores y que tienen que verse reflejadas en convenio», ha agregado.
Breznes ha indicado que este sector no se han visto afectado por la crisis de la pandemia sino todo lo contrario y, por lo tanto, las empresas están «en buena posición para que se puedan mejorar los derechos de la clase trabajadora y se reconozca todo el esfuerzo realizado».
Por otro lado, Juan Manuel Ramos, secretario de Organización y Desarrollo Federativo de Industria CCOO-CyL, ha precisado que en el sector hay 100.000 trabajadores y trabajadoras en España y 12.000 en Castilla y León, pertenecientes a 900 empresas, lo que supone el 3% en el conjunto del Estado porque esta Comunidad «es la segunda con mayor peso en el país».
Según ha indicado, las empresas han tenido una facturación de 30.000 millones de euros, lo que supone el 2,5 del total español y un volumen de exportación de 8.000 millones de euros y, a su juicio, «estos datos nos sitúan en una posición de mejora de las condiciones de los trabajadores a diferencia de la posición que está manteniendo la patronal«, ha subrayado.
Ambos han asegurado que estos trabajadores han sido «esenciales», dado que las familias no han tenido ninguna carencia de productos alimentarios en su mesa durante la pandemia. «Las patronales van en sentido totalmente opuesto a nuestras reivindicaciones y pretenden dotarse de un convenio que, en ningún caso, tenga en cuenta a las personas solamente sus beneficios», ha concluido Ramos.
