El Grupo Parlamentario Popular rechazó ayer en solitario una proposición no de ley del Grupo Socialista que buscaba requerir al Gobierno central la cofinanciación de un Plan de Reindustrialización para Castilla y León. Los ‘populares’ utilizaron el argumento de que es necesario esperar al Plan de Promoción Industrial “ya elaborado” y presentado al Consejo del Diálogo Social, tras lo que llegará a las Cortes regionales, y será entonces cuando se podrán realizar las aportaciones. Así lo manifestó el procurador del PP, Raúl de la Hoz, quien pidió “altura de miras” a la oposición. De la Hoz solicitó que se respete el acuerdo firmado el pasado 22 de julio entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y los grupos parlamentarios. Este acuerdo contemplaba entre otros temas el Plan de Promoción Industrial en el que De la Hoz enmarcó la estrategia de reindustrialización de la región.
“Hay que ser serios”, reclamó el procurador ‘popular’ para quien la PNL socialista sólo pretende ser “un atajo” y una demagogia para apoyar el programa electoral del PSOE. A estas palabras añadió que también “se alta por completo” la propia Ley de Industria de Castilla y León que contempla ese plan. Sin embargo, desde el grupo proponente el procurador Javier Izquierdo aseguró que su propuesta para la reindustrialización de Castilla y León es “inocua” y “encaja perfectamente” con el Plan de Promoción Industrial, por lo que se preguntó acerca de quién es el que rompe el acuerdo cuando la PNL recibió el visto bueno de todos los grupos en la oposición.
“Se volverán a quedar sólos”, lamentó Izquierdo, quien auguró que esa soledad del PP se repetirá en próximas votaciones en el Senado a sendas enmiendas socialistas. Una de ellas será la reclamación al Gobierno 50 millones de euros para el plan de reindustrialización de Castilla y León y la otra, sobre el céntimo verde. Ese aislamiento se produce a pesar de que el presidente Herrera animó el pasado martes a sus compañeros de partido a votar afirmativamente a la propuesta socialista para favorecer el consumo de carbón autóctono.
Por otra parte, el PP también rechazó otra Proposición No de Ley propuesta por el Grupo Socialista para que el acceso a las prestaciones o servicios reconocidos a dependientes de Grado I se produzca con efecto retroactivo desde el 1 de julio y establecer financiación suficiente para ello, además de exigir al Gobierno central que aporte financiación para ello. La procuradora socialista Marta Olmedo criticó que la la Consejería vendiera el “drama” de la demora producida como un “éxito” y censuró una respuesta de la Junta a unas expectativas creadas por el propio departamento que dirige Alicia García.
