El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, reiteró ayer su apuesta por la permanencia de las diputaciones, instituciones que aseguró que en comunidades como Castilla y León son «vitales» porque existen 2.248 municipios, de los que más del 70 por ciento tienen menos de 500 habitantes y necesitan el «soporte y el auxilio» de las diputaciones para poder prestar sus servicios a los ciudadanos. Eso sí, reconoció que hay que «redefinir su papel para adaptarlas al siglo XXI y modernizar algunas de sus funciones», aunque apostilló que todas las administraciones tienen que «adelgazar», no sólo las diputaciones. Además, insistió en que «los alcaldes no necesitan consejos (en respuesta a la propuesta del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba), sino financiación estable y suficiente».
De Santiago-Juárez realizó estas declaraciones tras reunirse con el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la tercera entrevista que mantiene con un responsable provincial para tratar sobre el futuro modelo territorial. Allí reiteró su apuesta por realizar agrupaciones voluntarias de municipios, que consideró que podrían tener como base las mancomunidades, aunque indicó que «lo primero que hay que hacer es ordenar el mapa de mancomunidades actual porque es un poco anárquico».
Gran pacto
Asimismo, aseguró que la «voluntad» de la Junta es «clara» y que pondrá «todos los medios para conseguir un gran pacto social y político» sobre ordenación del territorio. A este respecto, reconoció que ha habido un «buen ambiente» en las conversaciones que ha mantenido con el PSOE sobre esta cuestión y reiteró que la Junta tiene una voluntad «seria y firme» para intentar conseguir ese pacto. En este sentido, apuntó que no cree que haya que esperar a la celebración de las elecciones generales del 20 de noviembre porque insistió en que la «obligación del Ejecutivo autonómico es gobernar».
De Santiago-Juárez recordó que trabajan para que ese gran pacto se cierre como máximo en junio del próximo año y que luego el modelo que se defina se volcará en un proyecto de ley. Para ello, explicó que, tras concluir las entrevistas con los presidentes de las diputaciones, tiene previsto mantener a mediados de septiembre un encuentro conjunto con los nueve responsables provinciales.
A continuación se constituirá la mesa que se encargará de definir el nuevo modelo territorial, en la que estarán presentes los grupos políticos, las diputaciones, los municipios y los agentes del diálogo social. Dentro de esa mesa se formarán diversos grupos de trabajo, que abordarán cuestiones concretas como la redefinición de las funciones de las diputaciones, el funcionamiento de los pequeños municipios, la organización de las grandes ciudades y sus alfoces y el papel «importantísimo» de los secretarios municipales.
