Cuenta la antropóloga María Ángeles Rubio Gil, en su reciente libro sobre folclore segoviano, que las horas del despertar tienen un carácter fronterizo entre la noche y el día. En política, el tiempo se mide por legislaturas, y es al anochecer de cada uno de esos periodos cuando, al mirarse al espejo, sus protagonistas comprueban que el cansancio acumulado de cuatro años ha hecho mella en los rostros. Y esperan la llegada de las elecciones que traerá el nuevo día.
A punto de finiquitar la actual legislatura, la corporación municipal de Segovia se descubre vistiendo un traje deshilachado y con el entendimiento algo confuso. Situaciones así favorecen plenos como el de ayer, imprevisibles como esos partidos de fútbol en el que el balón cruza a velocidad de vértigo de portería a portería, sin que nadie se atreva a pronosticar en cuál de ellas va a acabar alojado.
Surrealista, kafkiano, esperpéntico… Así fue el pleno, caliente desde el minuto 1. Desde que la alcaldesa anunció que, dado el elevado número de puntos en el orden del día (44), y para no demorar en demasía la sesión, iba a limitar la primera intervención de cada portavoz a cinco minutos y la segunda a dos. El portavoz del PP, Jesús Postigo la acusó de “cercenar la libertad de expresión” y, en esa primera discusión, el concejal no adscrito Javier Arranz se sumó con entusiasmo a defender al popular. Era el primer aviso de que el tren podía descarrillar.
En el punto 3 se debatió la modificación de la composición de las comisiones informativas, precisamente para que se incorporara a las mismas Arranz, tal y como éste llevaba reclamando desde su abandono del equipo de Gobierno. Los 25 concejales votaron a favor, si bien el exedil de Deportes advirtió que dicha aprobación “llega muy tarde”.
Desde ese momento, en todos los dictámenes que figuraban en el orden del día (15), Arranz pidió, en su primera intervención, su retirada, al entender que habían sido acordados “de forma ilegal”, infringiendo la legislación que señala que los ediles no adscritos tienen derecho a asistir, con voz y con voto, a las comisiones informativas, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de julio de 2009. Y esa solicitud de Arranz obligó a que, en todos los puntos del orden del día referentes a dictámenes, antes de proceder a la votación ‘definitiva’ se llevara a cabo otra para que la corporación se posicionara sobre si debía retirarse el asunto o no.
En principio, dio la impresión de que Arranz se iba a llevar un revolcón tras otro. Pero un pleno tan esquizofrénico como el de ayer acabaría trayendo sorpresas…
La segunda bronca llegó en el punto 4 —el Reglamento del Senado de Mayores de la ciudad de Segovia— cuando Arranz empezó a dirigirse a Luquero como “alcaldesa no elegida por las urnas”. La regidora le pidió la retirada de esa expresión, y él contestó que lo haría en el momento que dejaran de llamarle “tránsfuga”. Tras otro encontronazo, las aguas parecieron volver a su cauce. Era un espejismo.
Y llegó el punto 8, referente al recurso presentado por el PP contra el acuerdo del pleno del pasado mes de enero sobre la modificación del nombre de distintas calles, entre ellas, la Avenida de Fernández Ladreda.
María Luisa Delgado, ejerciendo de portavoz del PSOE, defendió denegar la suspensión de aquel acuerdo, insistiendo en que lo único que hace el Ayuntamiento es “cumplir la Ley de Memoria Histórica”. En referencia al PP, señaló que “la derecha franquista no les perdona” que la ausencia de uno de sus concejales [José Antonio Garvía]en la sesión de enero haya permitido el cumplimiento de dicha Ley. Y a Arranz, al que calificó de “concejal tránsfuga” en varias ocasiones, le afeó que diciéndose “republicano” no se posicione en este asunto junto a las víctimas de la dictadura.
Al concejal no adscrito aquello fue como si le hubieran puesto banderillas. Dijo sentirse “insultado”, pues no se tiene por “tránsfuga” y agregó que, de acuerdo con el significado de esa palabra, la tránsfuga era la alcaldesa, Luquero. “Usted me traicionó a mi, usted es la traidora”.
En su inmediato turno de palabra, y tal vez emulando a Mariano Rajoy, Postigo calificó de “patética” la intervención de Delgado, insistiendo que en el acuerdo del pleno de enero incumple la Ley de Memoria Histórica y el Reglamento de Honores y Distinciones, por lo que anunció la pretensión de los populares de “ir a los tribunales” para solventar el asunto.
A renglón seguido, Arranz siguió con otra andanada contra Luquero, por la que se siente traicionado, ya que, según su versión, la noche antes de su cese “pactó conmigo que iba a rechazar mi dimisión”. “Es una alcaldesa tránsfuga”, la espetó. Luquero, ya desquiciada, le amonestó una vez, dos, y le avisó que a la tercera le expulsaba… y, a los del PP, les recriminó que en su posicionamiento contra la aplicación del acuerdo de enero “hay un fondo ideológico, no de forma”.
Llegada la hora de votar, primero hubo que posicionarse sobre si el punto 8 —en el que se denegaba la solicitud del PP de suspender el acuerdo del cambio del nombre de las calles— debía retirarse. PP y Arranz votaron a favor (13 votos), así que se retiró, tumbando la propuesta del equipo de Gobierno.
Pero el debate estaba lejos de concluir. En el punto 10 figuraba el recurso de Arranz a los acuerdos del pleno de enero —una ‘enmienda a la totalidad’ de lo acordado ese día— entre los que figuraba el cambio de calles franquistas. Postigo reclamó a la alcaldesa que, en vez de votar en bloque sobre todos los acuerdos de ese día, se hiciera por separado, justificando su posicionamiento en que en aquella sesión, los populares mantuvieron posturas diferentes según el asunto a tratar, y si ahora votaban en bloque, pecarían de “incoherencia” en algún punto. Y ahí llegó otro de los momentos estelares de la sesión. Ante la insistencia de Postigo en que se consultara a la secretaria del Ayuntamiento sobre si se podía votar por separado cada punto, ésta acabó reconociendo que la decisión final era política, no de tipo jurídico.
