Caja Segovia continúa avanzando en su proceso de adaptación a los nuevos requisitos anunciados por el Gobierno y que establecen que las entidades de ahorro deben reforzar su solvencia con el denominado ‘core capital’ o liquidez, y para ello han reclamado que puedan colocar al menos el 25 por ciento de su capital en Bolsa.
Fuentes de la entidad han asegurado que no tendrán dificultades, y menos cuando la exigencia se refiere a todo el grupo, de modo que no deben hacerlo por separado. Así las cosas, entre unos y otros socios se facilitará este último requisito gubernativo.
Mientras, el nuevo director general, Miguel Ángel Sánchez Plaza, —que ha sido requerido por varios medios de comunicación para ser entrevistado pero no ha sido posible—, ha comenzado a ejercer su nuevo cometido dirigiéndose a los clientes como adjunto todavía. Y lo ha hecho para enviarles el contrato básico de prestación de los servicios de pago (uso de libretas y cuentas o tarjetas), con el fin de dar cumplimiento a la normativa sobre transparencia financiera y aumento del nivel de información a los clientes. A pesar de lo extenso del documento, lo cierto es que todo quedará igual, con la salvedad de que se están homogeneizando entre las siete entidades socias del SIP del que nació a comienzos de año el Banco Financiero y de Ahorro S.A.. Gracias a estos acuerdos los servicios han empezado a intercambiarse y al menos el uso de cajeros de otras entidades ya no conlleva gastos añadidos.
Mientras tanto, a efectos internos de Caja Segovia continúa bloqueado el proceso electoral después de que la Junta haya vuelto a posponer la decisión de aprobar el decreto ley por el que se dé el pistoletazo de salida para los comicios. Según los estatutos y reglamento aprobados por la Asamblea de Caja Segovia el pasado mes de diciembre, los órganos de gobierno deben renovarse dentro del plazo de los dos meses siguientes a que la Junta de Castilla y León lo autorice, algo que se esperaba que ocurriera en las pasadas semanas. Algunas entidades de la región han pedido incluso que se retrasen al menos un año.
