Vivir en La Moncloa tiene un precio. O bien por lo que se tiene que pagar a los socios de gobierno para que te sigan apoyando, o bien porque si haces las cosas que se deben hacer, no a todos los ciudadanos gusta y eso desgasta.
Ya sabemos que el coste del gas ha subido mucho, nadie lo discute. Y pretender como única medida del Gobierno intervenir en las empresas privadas tratándolas de reducir sus beneficios, aparte de su dudosa legalidad, no conduce a nada, pues nos cobrarán por otros conceptos. Por mucho que diga el Gobierno, el recibo de la luz de todos se puede abaratar al menos un 20 por ciento con medidas inmediatas y que están en su mano, como es la propuesta que el Partido Popular viene haciendo desde hace algunos meses. Y que es muy sencilla: bajar el IVA del 10 al 4 por ciento, como han hecho ya algunos países europeos; sacar de la factura de la luz todos los costes energéticos que están incluidos en la misma, pagándose estos costes con cargo a los presupuestos del Estado y no del contribuyente; y utilizar todo el dinero que recauda a mayores el Gobierno por los derechos de emisión de CO2 para bajar la factura.
Con estas tres medidas, en pocos días todos veríamos reducido el recibo de la luz. Si el Gobierno de España podía en 2018, según Sánchez, cuando gobernaba Rajoy y la luz subía un 8 por ciento, ¿por qué ahora que gobierna él y que la luz ha subido en un año hasta un 500 por ciento no lo hace? Se lo digo claramente. Sánchez no quiere pactar nada con el PP porque sus socios ya se lo han advertido: “Si pactas con el PP, te retiramos el apoyo” y te vas de La Moncloa.
A Sánchez el precio de la vivienda y de la luz de La Moncloa le sale gratis, pero a los españoles nos está saliendo muy caro su presidencia. Ahora, con la propuesta de Podemos en la intervención en el precio de los alquileres de viviendas, asumida por Sánchez para seguir en La Moncloa -antes estaba en contra-, no es sino un nuevo ataque a la libertad, a la propiedad privada, a la economía de mercado y a la seguridad jurídica de España.
Es puro intervencionismo y expropiación de derechos de todos los españoles, previstos en nuestra Constitución. El intento de control de los precios de las viviendas -donde se ha intentado regular- no ha hecho sino subir el precio de los alquileres, ralentizar la construcción, menos trabajo y, por tanto, menos empleo. Y por todo ello, el PP lo recurrirá al Tribunal Constitucional.
(*) Diputado del PP por Segovia
