El conflicto se ha instalado en la política y en los medios de comunicación y la imposibilidad de solucionarlo por los medios adecuados —no es que no se pueda, es que, en muchas ocasiones, los responsables eluden, esquivan y rechazan hacerlo— no solo afecta profundamente a los ciudadanos, sino que, además, deteriora el prestigio de las instituciones y la imprescindible confianza social en el sistema democrático. Los conflictos que no se resuelven, que se aplazan o que se tratan de manera equivocada socavan los cimientos de la democracia.
Lo tenemos claro en asuntos como la no renovación del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional donde ni el PSOE quiere cambiar nada ni el PP acepta cerrar el asunto y empezar a negociar. En el mal llamado conflicto entre Cataluña y España se ha abierto una negociación a largo plazo entre ambos Gobiernos que no es entre dos iguales —el Gobierno de España y el de Cataluña no lo son— ni busca resolver el problema sino, simplemente, aplazarlo para garantizar la permanencia en el poder de los dos protagonistas, ERC y PSOE. A cualquier precio. En el problema más importante que tenemos ahora, la recuperación económica, una vez que parece superada la pandemia, el Gobierno sigue empeñado en la primacía del sector público y en la escasa o nula negociación con el sector privado, incluidas las pequeñas y medianas empresas, cuando éste es el motor de la recuperación y de la creación de empleo.
También los periodistas y los medios de comunicación ayudamos no a resolver el conflicto, sino que, en muchas ocasiones lo alentamos o utilizamos. Como escribe Ana Ruiz en un interesante artículo en la revista “Acontecimiento”, “es precisamente esa presión informativa constante la que agrava la sensación compartida de vivir en una conflictividad acentuada e irresoluble hasta el punto de asfixiarnos como individuos y como sociedad en extremos inéditos hasta ahora”.
No es verdad que los conflictos sean irresolubles. Ninguno. Lo que hace falta es voluntad para afrontarlos y método y plazos para combatir el potencial destructivo que encierran. En ese mismo artículo se cita una frase del exministro alemán de Exteriores, Markus Meckel, reveladora de lo que en España ni hacemos ni hemos hecho en la mayoría de los casos. “Los conflictos”, decía Meckel, “hay que tratarlos antes de que surjan, durante el tiempo en que se manifiestan e incluso después de que desaparezcan”. Y no es posible hacerlo si todas las partes no entienden y priorizan la gravedad o la importancia del asunto, si no son conscientes de los errores de su propia participación en el deterioro del problema, si no cambian su mirada sobre el mismo, si no se fijan plazos reales y concretos y si no aceptan dialogar con voluntad real de cerrar acuerdos.
Y sí se puede. Se pueden resolver los conflictos en la Justicia, en la educación, en los planes para la recuperación económica, el conflicto entre catalanes —el primer dialogo tienen que ser entre ellos para que una mitad no se apropie de la voz de todos— o cualquier otro, si realmente hay voluntad de hacerlo, si se pone en primer lugar a los ciudadanos y si los que están obligados a negociar no se empecinan en buscar el beneficio personal, en engañar a todos y en caminar por donde no hay salida. Lo dijo Quevedo: “Cargado voy de mí, veo delante/ muerte que amenaza la jornada. / Ir porfiando por la senda errada/ más de necio será que de constante”.
