La consejera de Familia, Milagros Marcos, reclamó ayer en las Cortes que el Estado simplifique los trámites de la Dependencia y revise el modelo de financiación de la ley, para que éste se incorpore al de las comunidades autónomas.
«Queremos que la atención a las personas dependientes se incluya como financiación garantizada en el modelo de financiación estatal, que desde Castilla y León siempre se ha querido revisar», recalcó Marcos para luego matizar: «Sin garantía financiera no hay derecho, por muchas leyes en que lo escribamos. Por lo tanto, no más leyes que confundan, no más demagogia y sí compromiso cierto con las personas dependientes».
«Estabilizar la financiación» es, para la consejera, la única fórmula para lograr que la Dependencia se consagre como un verdadero derecho subjetivo, al mismo tiempo que recordó que la diferencia entre lo que aporta la Administración del Estado y lo que debería haber aportado a Castilla y León desde 2008 a 2011 asciende a 457 millones. Por su parte, en 2012, la Junta destinó 367,6 millones y recibió del Estado 107, es decir, 130 millones menos de lo previsto.
La consejera invitó a la oposición a «sumarse» a estas propuestas, aunque no lo hayan «querido hacer en otros momentos», ya que «es la única forma de evitar que lo que se pretendía concebir como un derecho hace seis años», cuando se aprobó la Ley, «siga como lo está aún hoy, al albur de los presupuestos de cada año».
En concreto, pidió al PSOE que abandone «debates estériles» y «propuestas injustas o imposibles de alcanzar sin respaldo presupuestario», ya que lo único que conseguirían sería, a su juicio, «confundir a los ciudadanos». Por ello, tildó de «inoportuna e incoherente» la presentación por parte del Grupo Socialista de una proposición de ley de Dependencia, paralela a la del Estado y que colisionaría con la Ley de Servicios Social de la Comunidad, más aún cuando el PSOE lo ha hecho dos meses después de aprobarse los presupuestos de la Comunidad, sin que en ellos «incluyeran enmiendas» en esa dirección.
Marcos defendió, una vez más, que la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León es «ágil, se encuentra en un constante proceso de mejora y, sobre todo, tiene rigor y calidad», por lo que se mantiene a «la cabeza» de las comunidades españolas. Esta «apuesta decidida» de la autonomía por «la atención a las personas dependientes en general y los servicios profesionales en particular se ha visto acompañada», en palabra de la consejera, de «una exigencia permanente» al Gobierno central de «criterios comunes para su aplicación» y «una demanda firme de financiación suficiente a lo largo de estos seis años».
En su repaso a la aplicación de la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2007, Milagros Marcos recordó, como ha hecho en múltiples ocasiones, que ésta nació con un «insuficiente y lento desarrollo normativo por parte de la Administración del Estado», lo cual «impedía en la práctica su aplicación efectiva», y que desde sus orígenes estuvo lastrada por «un complejo sistema de financiación».
Recordó en este punto la «responsabilidad de la Junta en la aplicación de la Ley, muy por delante de la actuación del Gobierno central, que es quien la promovió». Así, defendió la «respuesta ágil» del Ejecutivo de Herrera, «mediante un desarrollo normativo rápido y eficaz» que, en ocasiones, ha subsanado carencias estatales o bien introducido mejoras y acortado plazos en el procedimiento. También destacó los nuevos instrumentos desarrollados en la Comunidad, como el acceso unificado a los servicios sociales mediante una ventanilla única (CEAS) o la creación de una aplicación informática específica.
Marcos reivindicó asimismo la capacidad de la Junta para «adaptar los recursos existentes» y haberlos «ampliado con más de 500 nuevos profesionales» en el sector. También se reafirmó en su «apuesta clara por los servicios de calidad frente a las prestaciones meramente económicas y un modelo de subsidios», todo gracias a «la implicación y participación tanto de las entidades locales como de todos los agentes del sistema de Servicios Sociales», con lo que se ha logrado «un alto grado de participación y consenso social.
