El Procurador del Común, Javier Amoedo, formuló una resolución en la que reclamó a la Consejería de Educación que, transcurrido «en exceso» el plazo de diez años en el que deberían haberse adaptado los centros educativos a las normas vigentes en materia de accesibilidad y supresión de barreras sin que ese cometido «haya concluido» en la Comunidad, se lleve a cabo un plan que permita acometer «en el tiempo más breve posible» la completa accesibilidad de esos centros.
Según esta resolución, el tiempo transcurrido desde las primeras quejas que dieron lugar al inicio de este expediente, así como la persistencia de quejas sobre las condiciones de accesibilidad de centros educativos concretos es lo que ha llevado a retomar esta intervención, ante la que la Junta diferencia entre las construcciones de nueva planta y las grandes reformas llevadas a cabo en los centros docentes existentes, y el resto de construcciones.
En el caso de las primeras, el Procurador informó de que se alega por parte de la Junta que responden «al cumplimiento de la normativa vigente» en materia de accesibilidad y sus proyectos se supervisaron favorablemente. En relación al resto de construcciones, que es donde «se dan los problemas de accesibilidad», la Consejería explicó que constantemente se están llevando a cabo actuaciones de reforma, reparación, adaptación a nuevas necesidades y a la normativa vigente en lo referente a la tecnología de la edificación, y a la hora de llevar a cabo esas actuaciones, se tiene en cuenta la accesibilidad universal.
Anunció que cumpliría
Por ello, se respondió al Procurador del Común el propósito de cumplir con ley, según la cual «en el plazo no superior a diez años, desde su entrada en vigor» se deberían adecuar a ella, entre otros, los edificios de acceso al público, tanto públicos como privados.
Además, desde la Junta se respondió que el mandato de la disposición «no se ha concluido», aunque el Procurador lamentó que no se precisara más en relación al grado de accesibilidad de los centros educativos, y más en concreto de aquellos que, por no ser de reciente construcción, han tenido o tendrán que ser adaptados a la normativa.
Sin embargo, se reconoció haber recibido las actuaciones realizadas entre 2004 y 2009 y también en el bienio 2010-2011. En este tiempo se llevaron a cabo 826 intervenciones, con una intensidad creciente desde 2004 a 2008, bajando a niveles de 2004 las llevadas a cabo y por concluir en 2009. Asimismo, el mayor número de intervenciones tuvo lugar en los centros de Educación Infantil y Primaria. Por su parte, en el bienio 2010-2011 se acometieron otras 193 intervenciones.
El Procurador del Común insistió en que Castilla y León, junto a Galicia, Extremadura y Asturias son las regiones que presentan mayor porcentaje de personas con discapacidad, al contar con más de un 10% de la población con alguna discapacidad.
