Por fin en la agenda política y mediática mandan las cosas de comer. Un enjambre sísmico que puede dar lugar a un otoño caliente. A saber: el precio de la luz, el salario mínimo para trabajadores cosidos al mileurismo, la prolongación de los ERTE (arropamiento público a empresas y asalariados más expuestos a las consecuencias de la pandemia), un paso más en la reforma del mercado laboral, el uso de los fondos europeos en su componente de cohesión social, etc.
Pero es la modesta subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) lo que mejor representa el alzamiento de la bandera de los más desfavorecidos, propio de la izquierda. En ese sentido es como un retorno a la normalidad que a la hora de fijar la subida (hasta 965 euros este año, 1.000 en 2022 y 1.060 en 2023), el Gobierno y los sindicatos hayan quedado en un bando y las organizaciones empresariales en otro.
Lo cual quiere decir que la política también está detrás de las cosas de comer. Cuando el Gobierno de Sánchez cuelga las medidas de alcance social en el compromiso de “no dejar a nadie atrás”. Y también cuando la patronal establece una discutible relación entre la subida del SMI y la destrucción de puestos de trabajo, sobre todo en pequeñas empresas o empresas familiares que no pueden permitirse una inesperada subida de los costes laborales.
A lo que iba. Que la CEOE y los autónomos (ATA) se hayan opuesto a la subida (por inoportuna o precipitada) mientras los sindicatos se ponían al lado de un Gobierno de izquierdas está en la naturaleza de las cosas. Y ninguna de las dos partes lo niega.
He oído decir al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que al final se han impuesto las razones políticas, en muy probable alusión a la batalla por la bandera de lo social entre los dos partidos (PSOE y Podemos) de la coalición gubernamental. Por el otro lado, el líder de CC OO, Unai Sordo, habla sobre el supuesto “pressing” de la derecha sobre la patronal para que se opusiera, como así hizo, a la subida del SMI.
En cualquier caso, no sería buena noticia que la inercia empresarial y sindical a figurar en bandos opuestos, tal y como ha ocurrido en el debate sobre el SMI, se extendiera a las otras cosas de comer que están en la agenda de un otoño mediáticamente repoblado por las pensiones, el recibo de la luz, la prórroga de los ERTE y la derogación parcial de la reforma laboral de 2012.
De ahí el sensato llamamiento de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que este viernes reclamaba de la CEOE en estos asuntos mayor empatía que la demostrada en la difícil negociación del nuevo salario mínimo, cuyo desenlace ha sido un parto más difícil que el del nacimiento de su hija, según ella misma ha declarado.
