Los sabios de la antigüedad ya anunciaban que la política es el arte de transformar lo imposible en posible.
Aquí en España hemos sido testigos de ello y hemos tenido la suerte de que políticos con preparación y mirada larga fueran capaces de hacerlo. Solo hay que recordar la astucia y diplomacia que se manejó durante la transición política a la democracia, la cual se hizo sin violencia, con consenso y orillando a todos los inmovilistas que vieron como el cambio a un tiempo nuevo se hizo a tal velocidad que apenas pudieron reaccionar.
Fue muy cierto, también, cuando los Pactos de la Moncloa, allá por 1977. La salida reciente de la dictadura, la crisis del petróleo, la vuelta de miles de emigrantes a España ya que el trabajo empezó a fallar en Europa, disparó los niveles de desempleo de forma rápida y la inflación se situó por encima del 25%. Había un riesgo evidente de fuga masiva de capitales que hubiera acabado arruinando el país.
Pero, afortunadamente, lo importante era el país y el pacto y ahí estuvieron todos o casi todos, dada la gravedad de la situación, lo que incluía a todos los partidos políticos, asociaciones de empresarios, sindicatos, etc y se tomaron medidas “duras” tales como el despido libre para un porcentaje determinado de trabajadores, devaluación de la peseta para hacerla más competitiva, así como algunas otras medidas de carácter social. La política salvó el país.
Algo parecido ocurrió cuando el golpe de estado del 23 Febrero de 1981. Lo cierto, se sepa o no, es que el mundo libre nos miró durante horas con una razonable duda de si nos caeríamos hacia un lado o hacia el otro. La política hizo posible lo que pareció imposible durante un rato. Intervino el Rey Juan Carlos y los partidos mantuvieron “prietas las filas”. Ganó la democracia.
Muchos pensaríamos que sería imposible pagar un precio por kilovatio casi el triple más caro en solo 12 meses. Bueno, pues es posible
Han pasado los años, los políticos van cambiando y siguen haciendo lo mismo: lo imposible es posible. Es decir, muchos pensaríamos que sería imposible pagar un precio por kilovatio casi el triple más caro en solo 12 meses. Bueno, pues es posible. Las razones son muchas, pero todas ellas teniendo que ver con una planificación determinada, muy influenciada por la política, bien sea nacional o internacional. Ahora se pretende arreglar el desbarajuste (con gran dificultad) a base de decretos leyes o bajadas temporales de impuestos.
Del mismo modo, España tenía una relación que se podía calificar como “buena” con Estados Unidos, por no exagerar, pero de aquella relación llegaban encargos millonarios para empresas estatales, una protección especial respecto a países fronterizos, así como algunos otros apoyos en materia terrorista, ya que ambos países habían sido duramente castigados. Resulta imposible pensar que obrar para llevarse mal con ese país sea posible. Pero ocurrió. Los desaires a Estados Unidos, que no han sido pocos y que podríamos listar algunos tales como la retirada de de una fragata española en Irán en una misión comandada por Estados Unidos (con presencia de otros países) las tensiones y provocaciones por Venezuela, el paso de la bandera norteamericana en un desfile miliar con un presidente del gobierno recibiéndola sentado… Todos estos “detalles” culminaron en la “entrevista” de nuestro presidente de Gobierno actual con el presidente Joe Biden por un espacio de unos 25 segundos que demostraron que hemos perdido puntos en una relación tan privilegiada.
También parece imposible pensar que en nuestro país la propiedad privada no sea defendida como merece serlo. Particularmente en el caso de la vivienda. Pues parece posible. Me explico: de la totalidad de viviendas que hay en España apenas un 4% es propiedad de lo que llaman “grandes tenedores”. El resto son particulares que disfrutan de su vivienda (alguno tienen una segunda vivienda de descanso) o tienen una vivienda arrendada que a veces sirve para completar una pensión. Pues bien, nos encontramos con que la última prórroga antidesahucios por la crisis del COVID-19 llega hasta el 31 de Octubre de este año sin que el gobierno garantice una compensación a los afectados. Del mismo modo ocurre con la “okupación” de vivienda en donde los procesos para poder recuperar una vivienda por su legítimo propietario son largos y onerosos.
A algunos da por pensar que quizá sería mejor, visto lo visto, que lo imposible siga siendo imposible.
