La Policía Nacional desarticuló una red delictiva cuyos integrantes, ciudadanos españoles y marroquíes, fueron acusados de delitos e infracciones muy diversas, tales como: falsedad documental, cohecho, favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a grupo criminal y estancia irregular.
La actuación policial ahora finalizada, denominada operación ‘Hayek’ se parceló en dos fases consecutivas y se saldó con la detención de catorce personas.
Así, las investigaciones se iniciaron en el mes de agosto al detectarse por parte de la Oficina Única de Extranjería un considerable aumento de ciudadanos extranjeros empadronados en el municipio de Porreras, en Mallorca. Los hechos fueron puestos en conocimiento de investigadores de la UCRIF (Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación de Documentos), perteneciente a la Brigada de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía de esta Jefatura Superior de Policía.
Los investigadores pudieron comprobar que algún funcionario municipal del Ayuntamiento de la localidad investigada estaba facilitando la obtención fraudulenta de empadronamientos de personas que no residían ni habían residido nunca en esa localidad.
De igual forma se constató que únicamente estaba implicado en los hechos un funcionario de ese consistorio, por lo que se le detuvo a finales del mes de setiembre para evitar la continuación de esa ilícita actividad. Por parte de la Alcaldía se obtuvo la máxima colaboración con la entrega y facilitación de los archivos correspondientes en los cuales se pudieron constatar las falsificaciones realizadas.
Los policías continuaron esta primera fase con la recogida de otras pruebas documentales y testificales y las detenciones de otras personas implicadas en los hechos de manera secundaria. Finalmente, una vez reunidas las pruebas, testimonios e indicios necesarios, a lo largo de esta semana se desarrolló la fase final en la que se detuvo a cuatro personas, las máximas responsables del grupo.
La investigación continuará abierta, a fin de determinar el número total de personas que han obtenido estos permisos de residencia de manera fraudulenta, a cambio de unos 2.000 o 3.000 euros.
