Mientras crecía el clamor a favor de una huelga general, el Gobierno socialista aprobó ayer el mayor recorte social de la historia de la democracia. Con el objetivo de paliar el déficit público y lograr la estabilidad fiscal, el Consejo de Ministros dio luz verde, entre otras medidas, a la rebaja de un 5 por ciento como promedio de los salarios de los funcionarios a partir de junio y a la congelación de las pensiones en 2011.
El paquete, a decir de muchos impuesto por Bruselas ante el temor de que la inacción del presidente Zapatero pudiera desembocar en una situación financiera como la de Grecia, debería corregir en 1,5 puntos porcentuales los números rojos del Estado -la previsión es ahorra 5.250 millones en 2010 y en 10.000 millones en 2011-, cuyo déficit a final de 2009 era del 11,2 por ciento del PIB, a años luz del 3 por ciento exigido por la UE.
Más allá del hachazo a los trabajadores de la Administración y las clases pasivas, el plan contempla la eliminación del llamado chque bebé de 2.500 euros por cada nuevo hijo a partir de 2010, el recorte de los sueldos de los ministros en un 15 por ciento y la reducción en 6.045 millones de euros de la inversión pública, un tijeretazo que, según explicaba el miércoles el ministro de Fomento, José Blanco, supondrá, de arranque, el retraso de un año en la ejecución de las infraestructuras pendientes.
También se suprime la retroactividad en la aplicación de la Ley de dependencia, se recortan 600 millones de euros en la ayuda oficial al desarrollo y han comenzado a estudiarse planes para disminuir el gasto farmacéutico, empezando por bajar el precio de medicamentos no genéricos excluidos del sistema de precios de referencia, de manera escalonada, entre un 10 y un 15 por ciento.
Semejante conjunto de medidas ha ofendido por igual a buena parte de la ciudadanía, los sindicatos y el propio PSOE, alarmado ante la naturaleza de derechas de un plan que deja al socialismo sin argumentos electorales.
son solo filtraciones. Y, precisamente para calmar esas iras internas, el Ejecutivo relanzó ayer el globo sonda de una inminente subida de impuestos «a los que realmente tienen», tal y como anunció la víspera sin concretar más el propio José Luis Rodríguez Zapatero, quien solo anticipó que «las clases medias» no se verán afectadas.
Lo cierto es que ayer la responsable económica del Gabinete, Elena Salgado, tampoco quiso perfilar más tal posibilidad y se limitó a puntualizar que la subida tendrá carácter «temporal» y que su aprobación no será «inminente».
Para suplir tal parquedad, a través de una emisora de radio de ámbito nacional tradicionalmente ligada al PSOE se filtró que el Gobierno aprobará en un plazo máximo de dos semanas un nuevo impuesto extraordinario para las personas cuyos ingresos, ahorros, acciones y propiedades superen ampliamente el millón de euros.
La nueva figura fiscal sería similar Impuesto de Patrimonio, que en su día liquidaron los socialistas como ineficaz y, siempre según dicho medio de comunicación, las pretensiones son que la tasa entre en vigor a final de año.
No obstante, fuentes de la Administración tributaria señalaron que una medida de tal calado no puede aprobarse mediante un Decreto Ley, sino que exige la elaboración de una nueva Ley que tiene que pasar por el Parlamento, lo que dificultará su puesta en marcha.
Quizá de ahí que, mucho más que una voluntad real de recaudar, se trate en realidad de un simple guiño electoral a la izquierda, que viene reclamando insistentemente que el peso de combatir la crisis recaiga sobre los ricos.
En todo caso, lo que parece inevitable es que estos tardíos esfuerzos por ahorrar serán una losa para la recuperación, como, por otra parte, le argumentó Zapatero a Rajoy durante su última cita en Moncloa como principal excusa para no acometer entonces -pocas semanas atrás- las restricciones que le sugirió el popular.
La propia vicepresidenta De la Vega admitió durante la rueda de prensa que celebró a continuación del Consejo que la reducción del crecimiento como consecuencia de las medidas será de cinco décimas, de modo que la previsión del Ejecutivo, que hablaba de un 1,8 por ciento positivo para 2011, se queda ahora en el 1,3 por ciento.
Por lo que respecta a este mismo año, la socialista aseguró que no es necesario hacer correcciones porque las tres décimas negativas continúan siendo un pronóstico «válido», dado que en el primer trimestre la economía ha ido mejor de lo augurado.
La ministra de Economía, Elena Salgado, quiso puntualizar que esas nuevas estimaciones son «muy conservadoras» -es decir, que el parón de la actividad podría no ser tan grande-, porque el Gobierno entiende que a la consolidación española se une el de otras economías de la zona euro, que tendrán un efecto locomotora.
