La solidaridad bien entendida empieza siempre por uno mismo, poco importa que se tenga garantizado de por vida el puesto de trabajo. De ahí que los funcionarios públicos, aunque a buen seguro son también conscientes de la necesidad de recortar el gasto, no estén dispuestos a que el Gobierno toque siquiera un ápice su tradicional blindaje laboral, herencia de tiempos pasados y que no solamente les asegura una nómina ad aeternum, sino que, al menos según su interesado punto de vista, debe impedir también que se recorten sus emolumentos.
En defensa de tal postura, los sindicatos presentaron hace algunos meses ante la Justicia un recurso contra la decisión del Gobierno de rebajar las nóminas de los funcionarios en un cinco por ciento y ayer mismo la Audiencia Nacional decidió que dicha queja debe cuanto menos ser estudiada, puesto que aprecia dudas sobre la constitucionalidad de dicho tijeretazo salarial.
Según la providencia que ayer dio a conocer CCOO, la Sala de lo Social del tribunal ha decido abrir una vía procesal para estudiar si el decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit, que incluye la rebaja de sueldo de los asalariados del sector público contraviene la Carta Magna. De esta forma, admite la demanda de conflicto colectivo presentada por UGT, CCOO y el Satpn de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) contra el Ministerio de Economía y la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).
La resolución conocida ayer pero fechada el 30 de septiembre, que concede 10 días a las partes para presentar sus alegaciones, cuestiona la legalidad de la nueva redacción de los artículos 22,4 y 25 de la citada Ley, ya que podrían afectar «al contenido esencial» del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.
El tribunal también pone en duda si la reducción de las nóminas de los funcionarios afecta al «derecho de igualdad», ya que se establece la reducción salarial sobre determinadas entidades del sector público, pero deja fuera de los recortes al personal laboral no directivo de empresas públicas como Renfe, ADIF y AENA, que se rigen por sus convenios colectivos.
Por todo ello, a juicio del abogado de CCOO Enrique Lillo, el pronunciamiento previo de la Audiencia refuerza la posición del sindicato, que sostiene la completa vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados para 2010 en las administraciones y sector públicos.
Tal punto de vista choca frontalmente con el del Gobierno, que, tras conocer la providencia, manifestó su confianza en que el recorte salarial se enmarca «plenamente» en la legalidad, dado que solo supone la revisión de uno de los puntos del acuerdo que firmó el Ejecutivo con los sindicatos de la Función Pública el pasado 25 de septiembre de 2009 y está «avalada» por el Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé la posibilidad de suspender o modificar los pactos y acuerdos alcanzados con los sindicatos «de manera excepcional por interés público».
En el caso concreto del recorte del sueldo a los funcionarios, el Gobierno afirma que fue una medida derivada de una «alteración sustancial» de las circunstancias económicas, lo que obligó al Ejecutivo a aprobar un plan de ajuste del gasto público que incluyó esta rebaja.
236.000 euros para darse ‘autobombo’.- El Consejo General del Poder Judicial destina más de un cuarto de millón a una campaña publicitaria para glosar las ‘excelencias’ del trabajo de los magistrados españoles.
Por más que se trate de una mera coincidencia temporal, sin que, en principio, exista ningún otro vínculo, lo cierto es que resulta curioso que el mismo día en que los tribunales abren una puerta al blindaje de los privilegios del funcionariado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) inicie una campaña institucional presupuestada en unos nada baladíes 236.444 euros con la pretensión de difundir a la sociedad un mensaje de reconocimiento y apoyo a la labor que realizan cada día los 5.000 jueces españoles.
«Que aquello que más queremos esté protegido, es de Justicia», «Que todos podamos vivir en libertad, es de Justicia», «Que todos seamos iguales ante la Ley, es de Justicia» y «Que nuestros hijos vivan en un lugar seguro, es de Justicia», son los lemas del esfuerzo propagandístico que se desplegará durante tres semanas en la prensa y la radio.
Según explicó ayer la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, el objetivo es que los ciudadanos tengan una imagen más real del Poder Judicial y «poner en valor algo consustancial al Estado de Derecho, que es la gran labor que realizan los jueces para garantizar la convivencia pacífica de la ciudadanía».
«También es de Justicia que no quede en el olvido la labor de los jueces», añadió la también funcionaria antes de hacer hincapié en que «los ciudadanos valoran lo que conocen y la Justicia en este país es poco conocida y, como consecuencia de ello, poco valorada».
«En el último año se ha atacado a las instituciones del Poder Judicial y se ha puesto en duda su valor constitucional, por lo que creíamos esencial que los ciudadanos tengan claro que los jueces de su país están a su servicio», señaló a la hora de justificar un gasto que a juicio de no pocos es no solamente superfluo, sino, en estos tiempos de crisis, completamente inadmisible.
