La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) recurrirá ante las autoridades competentes la votación celebrada est sábado por el pleno la Junta Vecinal de Villadangos del Páramo (León) y en la que se denegó por mayoría el proyecto para exhumar víctimas de la Guerra Civil en el entorno del cementerio de la localidad.
Según aseguraron desde la ARMH, la convocatoria que llevó a cabo la Junta Vecinal tenía por objeto decidir si realizar una intervención en el cementerio de Villadangos, pero en la papeleta que recibieron los vecinos para ejercer el voto “la argumentación se centró en el proyecto, cambiando la redacción del motivo de la votación que realmente se centró en negar el derecho de las familias de los desaparecidos”, han expresado desde la Asociación.
Asimismo, consideraron que la Junta Vecinal tampoco tuvo en cuenta que la intervención ya había sido autorizada por la Junta de Castilla y León y que el vicepresidente de la misma, Francisco Igea, declaró públicamente el pasado miércoles que “no existe capacidad para tomar esas decisiones en una administración local. Hay una ley nacional y otra autonómica que garantizan el derecho de las familias”.
Para la Asociación, que agradeció a aquellos vecinos que “sí fueron sensibles y solidarios con las reclamaciones de los familiares”, es “vergonzoso que se sometiera un hecho tan elemental a votación”, por los que decidieron no participar en ella.
El vicepresidente de la ARMH, Marco Antonio González, expuso el proyecto de intervención y explicó que la asociación “lleva 20 años realizando exhumaciones y se responsabiliza de dejar el espacio de prospección del cementerio tal y como lo encuentre, para lo que cuenta con un seguro de responsabilidad civil que cubre hasta el más mínimo desperfecto que pueda causar la exhumación”. “Someter el derecho de unas familias a encontrar los restos de un ser querido y enterrarlo donde decidan es como someter a votación si tras un atentado hay que reparar o no hay que reparar a las víctimas”, señaló.
Por ello, además de presentar el caso ante la autoridad competente de la Junta de Castilla y León, la Asociación estudia la posibilidad de llevar a cabo una denuncia por prevaricación administrativa, teniendo en cuenta los “inusuales trámites que ha reclamado el Ayuntamiento”.
