Un periódico nacional tituló hace unos días que Pilar Alegría, la nueva ministra de Educación “pone en marcha su misión de desactivar el conflicto educativo”. Pues menos mal. Porque al margen del gesto de acercamiento a la escuela concertada, maltratada y discriminada injustamente por su antecesora, y a una reunión con las comunidades autónomas -también ninguneadas y olvidadas por la anterior ministra- lo que ha venido no ha sido mejor.
Ha puesto en marcha con ‘veranidad’ y alevosía el desarrollo reglamentario de la Ley Celáa, -una mala ley que no tuvo debate con los profesores y el resto de la comunidad educativa, ni con los padres y sus asociaciones, ni con las comunidades autónomas que luego han de aplicarla, ni con la oposición en busca del imprescindible pacto en esta materia y, ¡oh sorpresa!, no solo no suaviza o corrige los errores de la ley sino que progresa en el sectarismo, en el adoctrinamiento ideológico y en la reeducación de los estudiantes.
Este desarrollo curricular reglamentario de una nueva ley que llega a los profesores a mediados de agosto, apenas a tres semanas de empezar el curso, y que no cuenta con ellos ni con los padres, agrava algunos de los males de la educación española que es una de las obtiene peores resultados en toda la OCDE. No busca la excelencia, el esfuerzo o la superación, ni siquiera la calidad de los centros educativos, sino adoctrinar ideológicamente para formar ciudadanos acríticos, cambiar modelos sociales -especialmente en el terreno familiar, moral o de género- y entretener en lugar de fomentar el conocimiento. Enseñanza ‘socioemocional’ y con perspectiva de género en matemáticas y hasta en la educación física, intensa actividad en el descubrimiento personal de la sexualidad, enseñanza de valores que permitan el discernimiento de los ‘buenos’ y ‘malos ciudadanos’, eliminación de contenidos básicos, desmitificación (¡) de las brujas…
Y todo eso en Primaria, con preadolescentes, cuando los alumnos empiezan a formar su personalidad y son claramente influenciables. O la enseñanza de los dialectos del castellano, cuando el Estado es incapaz de defender la enseñanza del español en Cataluña ni de proteger a los padres que quieren escolarizar a sus hijos en esa lengua.
Los problemas de la educación en España son otros. Y muchos. Y no se están afrontando. La insuficiente formación del profesorado -hay carencias clamorosas en las oposiciones-y la ausencia de una carrera docente que permita su crecimiento y desarrollo, su pérdida de autoridad, fomentada desde el mismo poder, la baja retribución y lo poco que cuentan cuando se promueve una reforma que ellos tendrán que aplicar, son algunos de los principales. Pero hay muchos más: el incumplimiento de unos contenidos básicos en toda España, la ineficiencia de la alta inspección del Estado, el descenso permanente del nivel educativo no para evitar que nadie se quede atrás -un objetivo fundamental- sino para disfrazar las estadísticas y el fracaso escolar, los obstáculos cada vez mayores a la libre elección de centro…
Esta reforma es un intento más de imponer una ideología en lugar de formar ciudadanos libres, críticos, tolerantes, respetuosos con los valores constitucionales, capaces de reflexionar por sí mismos. La educación es un arma cargada de futuro. Ya hemos visto lo que han hecho los independentistas controlando la enseñanza en su territorio durante algunas décadas. Esta ley pretende algo parecido en todo el territorio nacional. Sin una educación primaria y secundaria de calidad no habrá ni buenos investigadores, ni buenos profesores, ni buenos ingenieros, ni buenos ciudadanos. Hombres y mujeres. Urge un Pacto de Estado que no piense en una legislatura sino en la formación de los más jóvenes que dura muchas más.
