La deuda pública sigue subiendo de forma alarmante. En junio, según los datos hechos públicos ayer por el Banco de España, alcanzó los 1,42 billones de euros, con un aumento del 1,7% en tasa mensual. Un nuevo máximo histórico que sobrepasa el objetivo establecido por el propio Gobierno en el Plan de Estabilidad del 119,5% del PIB. Con relación a junio de 2020, el incremento ha sido casi del 10,5%. Todas las Administraciones se han endeudado. El Estado, concretamente, un 7% más en tasa interanual, mientras la Seguridad Social registra ya un endeudamiento cercano a los 92.000 millones de euros, marcando un aumento del 33,4%.
Los gastos derivados de la pandemia están sin duda detrás de estos aumentos de la deuda de las distintas Administraciones Públicas, exceptuando la Seguridad Social que merece capítulo aparte. Sin embargo, llama la atención que el Gobierno no se haya propuesto de forma seria un plan de reducción paulatina de la misma. Muy al contrario, está en la idea de seguir aumentando el gasto sin una reducción clara y precisa de los mismos. De hecho, como comentaba, en el Plan de estabilidad presentado hace apenas unas semanas la previsión de reducirla es mínima. Es más, estima que los déficits presupuestarios de los próximos años aún serán elevadísimos.
Y sí, los gastos extraordinarios de la pandemia han deteriorado las cuentas públicas. Sin embargo, según el último informe de coyuntura del Instituto de estudios Económicos que recoge el economista Diego Sánchez de la Cruz, el déficit estructural, es decir corregido de su componente cíclico, pasó en 2020 del 3,8% al 4,2% del PIB. Un agujero que supera los 60.000 millones y que seguirá creciendo hasta el 5,2% del PIB según las previsiones de la Comisión Europea.
No parece que la necesidad de reducir el abultado boquete de las cuentas esté de momento en el radar del Gobierno, a pesar de que puede poner en peligro la recuperación y el estado del bienestar de que gozamos. Ni siquiera se atisba el más mínimo interés por reducir el exagerado tamaño del gobierno y sus estructuras o eliminar los miles de millones en subvenciones que detectó la Airef en tiempos de Escrivá y que superaban entonces los 15.000 millones de euros. Al contrario, Sánchez parece decidido no sólo a mantener lo que hay sino a gastar como si no hubiera mañana empañando el futuro de las generaciones, de las que el mismo gobierno lamenta la crisis que sufrieron y la que sufren, con casi un 40% de ellos sin empleo o con trabajos precarios y mal pagados.
