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Los compradores de las viviendas del complejo Segovia 21 que habían sido demandados por no hacer frente a su compromiso de adquisición de la vivienda, defendieron ayer ante el juez su derecho a rescindir los contratos.
En la primera sesión del juicio oral que tuvo lugar en la sala de vistas de la Audiencia Provincial comparecieron cinco de los 13 compradores denunciados por Segovia 21.
De acuerdo con la demanda, miembros del primer Consejo de Administración, o familiares de ellos, fueron los primeros compradores de las viviendas de Segovia 21. Según los demandantes, la firma de los contratos se realizó con la finalidad de lograr la financiación de la promoción por parte de Bankia.
En total deberían haber pagado a la sociedad 4,8 millones de euros. Pero se echaron atrás tras firmar los contratos de compraventa, no llegaron a escriturarse ni tampoco se han pagado.
En sus intervenciones ante el juez, los demandados alegaron distintas razones que les permitían rescindir el contrato, como falta de confianza en los nuevos gestores, carencias en el suministro de servicios básicos, o deficiencias urbanísticas.
La reclamación económica su un total de 4,8 millones de euros que disminuirían de forma importante el pasivo que tiene la sociedad ahora, explicó el actual administrador de Segovia 21, Javier de la Orden. En declaraciones a los medios expresó su confianza en la resolución positiva a favor de la sociedad. «Tenemos un precedente dictado por la Audiencia Provincial que ha declarado exigibles los contratos. Nosotros estamos cumpliendo nuestra obligación, que es exigirles la compra que firmaron», añadió De la Orden.
Además explicó que estos compradores actuaron como tales en distintas ocasiones y con decisiones como la petición de cambios sobre lo proyectado y una vez terminadas las viviendas.
Según explicó en su día Javier De la Orden, la decisión de echarse atrás por parte de los compradores obedeció a un deseo de venganza por haber sido apartados del Consejo de Administración en 2012. El nuevo equipo gestor, Verae y el presidente de la Diputación tomaron esta decisión, ante el alto coste que representaba el Consejo para la sociedad, participada mayoritariamente por la Diputación Provincial. Precisamente han sido las numerosas deudas acumuladas lo que ha llevado (el pasado 28 de enero) a solicitar concurso de acreedores, una petición que tramita el Juzgado de lo Mercantil de Segovia.
Entre los declarantes ayer se encuentran el ex director general de Ontex, Miguel Ángel González, que formó parte como vocal del Consejo de Administración y a quien Segovia 21 le atribuye la compra de cuatro viviendas. Por ello le reclaman más de un millón de euros. Él explicó que sólo había adquirido dos y que las otras dos compras no llegaron a formalizarse. En todo caso alegó falta de confianza en los nuevos gestores de Segovia 21 para renunciar a ellas.
El mismo argumento presentó Rafael Benatar, director comercial de Fomento Territorial, empresa que gestionó desde el inicio la urbanización de Segovia 21 hasta 2012. Luego demandó a Francisco Vázquez y a Verae una vez rescindido el contrato. Según la demanda, el hijo del presidente de Fomento Territorial, Elías Benatar, adquirió una vivienda.
Otro de los demandados que intervinieron ayer fue el ex concejal del Ayuntamiento de Segovia Ángel Beloqui, quien apuntó deficiencias urbanísticas a la hora de renunciar a la compra. A él le reclaman unos 480.000 euros.
También ayer declaró el que fuera exdirector general de Segovia 21, Jesús Sánchez; y la anterior directora de la Fundación Centro Nacional del Vidrio de la Granja, Aúrea Juárez.
Para hoy está prevista la declaración de otros compradores de viviendas, y varios testigos.
