La Constitución consagra la igualdad de los ciudadanos ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, pero una cosa son los propósitos y otra las realidades. Tras la pandemia o en medio de ella, las desigualdades se mantienen cuando no crecen. Pese a algunas medidas del Gobierno -y también por su falta de actuación en otros casos, como la subida de la electricidad o la no llegada de subvenciones y ayudas a quienes las necesitan-, hay muchos ciudadanos que se han empobrecido aún más y han visto limitado su derecho a vivir con dignidad. La economía crece, pero hay muchos más españoles que malviven bajo el umbral de la pobreza.
La gestión normativa de la pandemia, intencionalmente abandonada por el Gobierno central en manos de los gobiernos autonómicos y de los jueces, sin una norma clara, ha hecho desiguales a los ciudadanos españoles porque mientras en algunas comunidades los tribunales han respaldado la exigencia del pasaporte Covid para determinadas actividades, en otras lo han rechazado provocando inseguridad jurídica, caos y desconcierto de empresarios y ciudadanos y una imagen de España realmente tercermundista.
No es lo mismo formar parte de una comunidad como Cataluña o el País Vasco que de otras como Castilla y León o Extremadura. Con los del primer grupo, hay conversaciones bilaterales entre Gobiernos, traspasos de competencias e inversiones extra que salen de los impuestos que pagamos todos para proyectos de dudoso futuro, mientras que con los demás no solo no hay cogobernanza real sino que hay intentos de castigar a los disidentes con impuestos de dudosa legalidad. Algunos quieren que Madrid pague por lo que sus ciudadanos han votado. La España multinivel, el último invento Sánchez es una España de conveniencia comprada para sujetarse en el poder. Una España aún más desigual.
No hay igualdad ante la ley cuando, por ejemplo, se rechaza cualquier acto relacionado con el franquismo y se permiten reiterados homenajes a asesinos de ETA como el que está previsto en Mondragón el día 18 de septiembre a Henri Parot, condenado por 39 asesinatos —cinco de ellos niños—a 4.739 años de cárcel, que fue detenido con 300 kilos de explosivo y que nunca ha mostrado su arrepentimiento ni ha pedido perdón a las víctimas. Enaltecimiento del terrorismo y humillación, una más, de las víctimas.
No somos iguales cuando en el año de la pandemia, el presidente del Gobierno se instala con toda su familia durante tres semanas en la finca de La Mareta en Lanzarote, un fastuoso complejo que el rey Hussein de Jordania regaló al Rey Juan Carlos y que, por cierto, éste donó al Patrimonio Nacional. 10.000 euros al mes nos cuesta el mantenimiento de la finca.
No hay igualdad cuando Europa no es capaz de renunciar a una tercera dosis de vacunación para favorecer que las vacunas lleguen a los países más pobres, en los que la protección no llega ni al dos por ciento de la población. O cuando sigue habiendo barcos cargados de refugiados en situación insostenible que no encuentran un puerto para ser acogidos. ¿Se acuerdan del espectáculo del Aquarius en Valencia? Lo acabaremos pagando.
España viaja a varias velocidades, pero en la que corre más, siempre están los mismos, los que gozan de más privilegios y no se conforman. Y cuando desde un poder de izquierdas no sólo se tolera, sino que se promueve la diferencia y el privilegio, es, incluso, más escandaloso.
