El Juzgado de Instrucción nº 1 de Santa María la Real de Nieva ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, en la denuncia presentada por el ex alcalde de Coca, Juan Carlos Álvarez Cabrero —actualmente candidato al Senado por el Partido Popular de Segovia—, contra la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por un posible delito de malversación de caudales públicos, en relación al proyecto de mejora de la capacidad de desagüe del río Eresma y protección de márgenes de la “Torre de San Nicolás” en el municipio de Coca.
Tal información ha sido facilitada por el actual alcalde de Coca, Andrés Catalina.
La denuncia se presentó por el exalcalde de Coca, por el motivo fundamental de la incorrecta e incompleta ejecución del proyecto de obra anteriormente mencionado y que la propia CHD adjudicó a la mercantil Audeca y a la cual se le abonó en su totalidad el importe de adjudicación que ronda aproximadamente los 550.000 euros; si bien los últimos trabajos realizados por la empresa adjudicataria son aproximadamente del año 2008, motivo por el cual desde la actual corporación se solicitan todavía a día de hoy explicaciones acerca del por qué se han tardado más de 7 años en denunciar dichos hechos, y se hace justo cuando el denunciante y exalcalde de Coca abandona el consistorio y no se presenta a la reelección en mayo de 2015.
El auto dictado por el Juzgado de fecha 13 de junio de 2016, se limita a justificar el sobreseimiento provisional y archivo en base a que según se refleja en la denuncia, por su autor, los hechos descritos pueden ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, lo cual provoca el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento.
Catalina asegura ahora que el equipo jurídico del Ayuntamiento, al que se ha visto obligado a contratar el nuevo equipo de Gobierno tanto por este asunto como por otros (igualmente llevados por personas legas en materia jurídica), considera que “no es momento para calificar el tipo de delito, si no para investigar los hechos denunciados, con la finalidad de comprobar si los mismos, pueden ser constitutivos de algún tipo de delito o no”.
Ahora —prosigue Catalina— “consecuencia de esta denuncia defectuosa, el actual equipo de Gobierno se ve en la necesidad de hacer doble trabajo para direccionar el tema adecuadamente en aras de defender los intereses del pueblo y de su Torre de San Nicolás”.
A juicio del actual regidor, “estos hechos dejan clara la necesidad del Consistorio Caucense de contratar un asesor legal”, cuestión muy criticada por el ex alcalde y por actual portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Coca, Álvaro Muñoz. A este último, el alcalde le contestó en el último pleno que “era necesario” puesto que “hasta ahora las cosas legales las llevaban personas legas en la materia jurídica”.
A modo de ejemplo, Catalina señala que el auto comunica el sobreseimiento por la extralimitación del exalcalde a la hora de redactar con una calificación de un posible y único tipo de delito, que en absoluto correspondía en dicha fase; ya que dicha actuación no le corresponde cifrar a personas legas en la materia, sino a los distintos profesionales jurídicos ( jueces , fiscales , abogados…) en el momento procesal oportuno.
Catalina denuncia “el empeño del antiguo alcalde por sustituir a letrados en nombre y representación del Ayuntamiento, en procedimientos tan gravosos para este municipio”, lo que a su juicio “constituye una falta de deber de responsabilidad, que es evidente que ha causado daños al municipio y todo ello por querer asumir principalmente un papel que no le corresponde , y en el que a día de hoy todavía persiste al criticar de manera infundada al nuevo equipo de Gobierno que con exquisito rigor y criterio ha llevado la contratación de profesionales jurídicos que puedan defender los intereses de este municipio, con suficientes garantías”.
El actual alcalde considera que su predecesor “deberá dar explicaciones al pueblo” de por qué se hicieron “actuaciones importantes” de una forma “poco meditada, poco profesional” y que ahora “no perjudica a nadie más que a los propios vecinos”. Por último, Catalina solicita al PP un “compromiso público” para que “apoye las iniciativas dirigidas a la solución del problema” y “no remen en contra del pueblo excusándose en temas judiciales”.
