Son enormes las dificultades por las que están pasando las pequeñas, medianas empresas y autónomos (comercio de proximidad y hostelería incluida, por supuesto) desde que se aprobó el primer estado de alarma. Su situación ha sido y es crítica, llegando a cerrarse más de 100.000 en toda España, y en Segovia, no hay más que ver los polígonos y calles para darnos cuenta de ello.
Las ayudas prometidas por el Gobierno para las pymes en marzo (más de 7.000 millones de euros), no les llegan y los préstamos ICO, suscritos hace más de un año, tienen que renovarse y las dificultades son aún mayores. Las pequeñas y medianas empresas suponen el 99% de todo el tejido empresarial español, frente al 1% de las grandes empresas. La mayoría de las Pymes no tienen financiación suficiente, de ahí que su caída de ventas les hace pasar por situaciones muy difíciles.
Los cierres y bajadas espectaculares de ventas, son pues dos consecuencias del COVID, pero hay otra tan importante o más y, qué el Gobierno tiene que remediar de forma urgente: el plazo de pago a proveedores. El crecimiento empresarial, la creación de empleo y la generación de riqueza, no sólo depende de vender más, sino de cobrar del cliente en tiempo y forma.
El crecimiento empresarial, la creación de empleo y la generación de riqueza, no sólo depende de vender más, sino de cobrar del cliente en tiempo y forma
Los últimos datos del Estudio de la Plataforma contra la Morosidad aportan datos de enorme preocupación. Medio millón de empresas están en peligro de quiebra actualmente, principalmente por el retraso en los pagos de sus clientes, tanto del sector público como privado. Muchas empresas tuvieron que endeudarse pidiendo préstamos ICO, poniendo en peligro su continuidad, mientras que muchas grandes empresas y administraciones públicas continúan incumpliendo la Ley.
La Ley de pago a proveedores de 2010 lo establece en 60 días como máximo, y tanto las administraciones públicas como las grandes empresas según el Estudio, supera los 200 días, y esto es inasumible y máxime, cuando las empresas deudoras cobran a sus clientes a 61 días de media.
Si se observa en detalle el Estudio, se ve que las grandes empresas deudoras aumentan su efectivo y liquidez y se financian a costa de sus propios proveedores, que son en definitiva pymes y autónomos, vulnerando la Ley de pagos a través del uso de su posición de dominio en el mercado.
Esta situación se tiene que revertir de una forma inmediata y creo que no hay otra forma si no es con un régimen sancionador y poniendo vetos a la concesión de ayudas y subvenciones a las empresas y administraciones que no acrediten estar al corriente de pago en el tiempo marcado por la Ley.
Las pequeñas y medianas empresas no deben ser las que financien a las grandes, pues son las que de verdad están apegadas al terreno, a su localidad y ayudan de una forma importante a la no deslocalización y con ello a que no aumente la España despoblada.
(*) Diputado del PP por Segovia.
