La semana entrante puede traer novedades en relación con los órganos institucionales cuya renovación pendiente coloca a la democracia española en una insólita situación de interinidad.
Mala noticia en una política española aquejada de sobresaltos continuos como consecuencia de una incierta orografía parlamentaria y una irresponsable falta de empatía entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.
El PP no puede, no debe, refugiarse en la presunta “soberbia” de Pedro Sánchez, al que acusa de “mentiroso”, como pretexto para eludir sus obligaciones constitucionales. En este caso, las de acordar con el PSOE los nombres susceptibles de obtener las mayorías cualificadas para renovar en el Congreso la composición de los órganos constitucionales que han agotado el tiempo de sus respectivos mandatos.
Por el contrario, también es verdad que el PSOE convierte la actitud del PP en oportuna ocasión de ponerse estupendo mientras se viene arriba afeando así la presunta falta de sentido de Estado del partido liderado por Pablo Casado.
Pero no resulta muy creíble el rasgado de vestiduras del Gobierno cuando los partidos que lo sustentan, PSOE y Unidas Podemos, en nombre de las estabilidad política del país, para más inrri, se entienden con fuerzas políticas que se declaran enemigas del Estado, del Rey y la Constitución. Entiendo que eso no puede ser más contradictorio.
Y en esas andamos con los tertulianos y los finos analistas poniendo en circulación argumentos muy precederos sobre una clase política incapaz de hacer sus deberes.
El punto de fricción es la atribución de la culpa a uno de los dos partidos de la centralidad llamados a forjar la mayoría necesaria para rescatar de la interinidad al CGPJ, que lleva caducado dos años y medio; al Defensor del Pueblo, que lleva tres; al Tribunal Constitucional, en el que cuatro de sus ahora once magistrados terminaron su mandato hace más de año y medio, y un Tribunal de Cuentas cuyos doce consejeros acaban de entrar también en el limbo de nuestros principales órganos institucionales después de sus nueve años de tarea.
Volviendo al fondo de la cuestión que nos ocupa, ni el Gobierno de Sánchez ni el PP de Pablo Casado están libres de pecado, eso bien este comentarista siempre ha sostenido el titular del poder es el que está obligado a llevar la iniciativa porque juega con blancas, como en el ajedrez. Y es evidente que Sánchez no se caracteriza por la búsqueda de complicidades con el líder del partido que, antes o después, le sustituirá en el ejercicio del poder.
