El Congreso de los Diputados restauró ayer en el tiempo de descuento de la legislatura el Impuesto sobre el Patrimonio, con el que el Gobierno quiere que 160.000 ricos contribuyan a reforzar la estabilidad presupuestaria gracias a la recaudación de 1.000 millones de euros adicionales. A pesar de su aprobación parlamentaria, la tasa salió del hemiciclo entre la sombra de las dudas que plantea, tanto su restauración, como su propia naturaleza, sin olvidar que para la oposición, su repentino rescate responde más a un acto electoral que a una necesidad.
La aprobación por dos años de este tributo, eliminado en 2008, se sacó adelante por 176 votos a favor, dos en contra -la socialista Clementina Díez y el popular José Eugenio se equivocaron- y 166 abstenciones.
Pese a que todos los partidos políticos calificaron la medida de «parche electoralista» -al ser demandada al Gobierno por Rubalcaba-, «ineficaz», «confiscatoria», «tardía», «mal planteada», «demagógica» y «populista», ninguno se atrevió a oponerse formalmente en la votación a su recuperación por no trasladar a la opinión pública, en vísperas de unas elecciones generales, que se posicionan a favor de las grandes fortunas.
Para evitar dar munición política al candidato socialista, el PP optó por volver a ponerse de perfil y abstenerse, postura que también adoptaron CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y UPyD.
A los socialistas se unieron los votos de la izquierda minoritaria -IU, Iniciativa per Cataluña, ERC, BNG y Nafarroa Bai- que pese a que consideran que España necesita una reforma fiscal «seria, efectiva y progresiva» consideran que esta iniciativa in extremis del Gobierno es un primer paso.
Durante su intervención, la vicepresidenta para asuntos económicos, Elena Salgado, calificó el decreto-ley que ayer convalidó el Congreso de «razonable y posible» e insistió en que supondrá recursos adicionales para las Comunidades, que ni verán afectada su autonomía financiera ni perderán las compensaciones previstas en la Ley de Financiación Autonómica, un dinero que llegará aunque decidan no aplicar el tributo, como ya han anunciado algunos territorios gobernados por el PP.
«No las perderán porque no se puede, entre otras cosas por las limitaciones constitucionales. Un real decreto no puede modificar la ley vigente», concluyó la titular de Economía, que de nuevo volvió a chocar con Rubalcaba, que insistió en que «nadie cobrará dos veces». «Ya veremos cómo lo evitaremos a través de algún instrumento jurídico», subrayó Rubalcaba, que entiende que las regiones objetoras deberán explicarlo.
Una carga de profundidad contra los populares, quiénes ayer, a través de su portavoz económico, Cristóbal Montoro, volvieron a criticar la política errática del Gobierno que «hasta el último momento hace y deshace; va y viene».
Montoro, que no aclaró si el PP derogará la tasa si gana las elecciones, reiteró que la medida es de «dudosa equidad» y defendió que ha llegado la hora de «hacer política con mayúsculas en vez de guiños electoralistas de bajo calado».
La censura de los populares a la improvisación encontró caldo de cultivo en las declaraciones de Salgado y de Rubalcaba de que si el PSOE gana el 20-N, el impuesto será revisado y mejorado, «porque hay quienes han encontrado trucos fiscales para escaparse» de una tributación que pretende gravar los grandes patrimonios.
