Que la vacuna era la única solución al COVID, por encima de los estados de alarma, los encierros, las mascarillas y demás estaba claro. Que había que tener una estrategia de vacunación clara y no bajar la guardia, también. Pero Sánchez proclamó la desescalada por razones políticas y ni el Ministerio de Sanidad ni las comunidades autónomas, en cogobernanza desgobernada, previeron lo que se les venía encima con los jóvenes tras el final del curso.
Y siguen sin reaccionar. Entre los menores de 30 años y muy especialmente entre los de 15 a 19 años, con sus viajes de fin de curso y los botellones sin control, la incidencia está disparada y esos contagios han provocado un repunte también de la incidencia epidémica general que vuelve a ser preocupante. Seis de cada diez nuevos contagios son de menores de 30 años, pero la mayor parte de las autonomías sigue con su calendario, no se plantea vacunar a este grupo de población o, en el mejor de los casos, tiene pensado hacerlo en agosto, cuando muchos de ellos estarán de vacaciones, o en septiembre, a pesar del altísimo riesgo.
¿No se pueden cambiar las pautas y actuar con urgencia sobre este sector de la población, vacunándolo masivamente? ¿No hay que hacer una campaña de sensibilización dirigida a los jóvenes y a sus padres para contener esas dinámicas sociales juveniles, entendibles después de un año de “encierro social”, pero que representan una bomba de relojería, sobre todo cuando aparecen nuevas variantes mucho más contagiosas? ¿Qué va a pasar este verano cuando las playas y otros lugares frecuentados por los jóvenes se conviertan en macrobotellones sin restricciones ni medidas de seguridad? Se ha criminalizado al sector del ocio, especialmente al nocturno, pero el mayor riesgo no está ahí.
Pero este Gobierno y algunas comunidades autónomas están más preocupados por otros temas. El Ministerio de Educación promueve que se pueda pasar de curso con varios suspensos “siempre que eso sea lo mejor para el alumno”. “Condenar a los alumnos por un suspenso es elitista, machaca a los de abajo y favorece a los de arriba”, ha dicho el muy prescindible ministro de Universidades. Manuel Castells. Así que piensen ustedes cuánto va a seguir bajando el nivel de calidad de la educación en España y, por tanto, el futuro laboral de los jóvenes.
El economista Charles Goodhart apunta que “los jóvenes tendrán que pagar más impuestos que nosotros” para hacer frente a la deuda que les estamos dejando, al estado del Bienestar y a las pensiones, porque el principal problema al que se van a enfrentar no es el COVID sino el envejecimiento. Y un estudio hecho público en el Foro ”StopInviernoDemográfico”, apunta que el 40 por ciento de los jóvenes españoles no tendrá descendencia. ¿Hay alguna vacuna contra esto? ¿Les importa algo a los políticos?
Más preocupante, incluso, es la “Ley trans”, que ha aprobado el Gobierno y que ahora deberá ser debatida en el Parlamento, que abre la puerta a la autodeterminación de género a partir de los 12 años, es decir, el cambio de nombre y sexo, y, a partir de los 16, sin informes médicos, sin necesidad de apoyo psicológico, ni permiso o acompañamiento de los padres o tutores y con barra libre: en solo tres meses y cuantas veces quieran. Tiene una enorme trascendencia en asuntos de la vida cotidiana: colegios, violencia de género, etc.
Podemos ha impuesto sus dogmas a Sánchez y ha ganado esta batalla como ganará la de poder abortar desde los 16 años sin el conocimiento paterno. Así que en nuestro país se podrá cambiar de sexo o de género y abortar libremente, pero esos mismos jóvenes tienen prohibido, por ejemplo, comprar tabaco o alcohol, que pueden ser muy dañinos para su desarrollo personal y, por supuesto, votar. Gobernar, no gobernarán, pero están cambiando la sociedad en asuntos que afectan a la esencia de la persona. Somos de los primeros en falsos derechos como el aborto, la eutanasia o el cambio de sexo, pero cada día estamos más a la cola de un verdadero desarrollo personal y social. Y para eso no hay vacuna.
