Reconozco que, en ocasiones, en mi perspectiva de la realidad social juega en exceso la componente jurídica. Entiendo que el Estado de Derecho, en una sociedad madura, democrática, moral y culturalmente avanzada, es quien define el marco de actuación de los poderes públicos y el alcance de los derechos de los ciudadanos. Desde esta perspectiva escribo este comentario. Como dice el presidente del Gobierno español, no existe ley sin democracia, ni democracia sin ley. Pero, ojo, en todos, todos, todísimos, los casos. En todos, todos, todísimos los territorios españoles. Incluido Baleares. Incluida Cataluña.
Cuando escribo este artículo, todavía no se ha pronunciado una jueza, por lo que todo lo que sustenta este artículo se basa en mi sano, o insano, juicio. No se trata el supuesto que tratamos de un habeas corpus, porque la tutela judicialmente no está en entredicho, sino de no realizar actuaciones colectivas de restricción de la libertad por parte de una administración, como es este supuesto: en caso de realizarlo tendría que haber analizado caso a caso.
Cuando no hay estado de alarma son los jueces los únicos que pueden establecer limitaciones generales de derechos y libertades
Hecha esta advertencia inicial, no salgo de mi asombro al contemplar a una serie de españoles encerrados en un hotel, excluidos de sus derechos fundamentales por decisión de una administración pública. Con independencia de lo que opine del comportamiento y de la actitud de estos ciudadanos, me parece que pone en duda todas las garantías de las que se ha dotado a las libertades individuales que siempre ha sido la aspiración de los ciudadanos y habitantes de los burgos. Sean a través de fueros o de figuras como el derecho de manifestación o el habeas corpus. Hasta hace unos meses, el estado de alarma permitía esta serie de intervenciones colectivas. El motivo era la seguridad sanitaria, pero la habilitación la daba las Cortes Generales, la representación de la soberanía popular. Esta soberanía popular es la única que puede restringir derechos y libertades colectivos. Cuando no hay estado de alarma son los jueces los únicos que pueden establecer limitaciones generales de derechos y libertades. No una comunidad autónoma. Ni cualquier otra administración pública. Es la consecuencia del levantamiento del estado de alarma. La consecuencia de que ninguna comunidad autónoma haya solicitado esa declaración específica en su territorio es, simple y llanamente, por razones de táctica política. Sin estado de alarma, repito, nadie debe restringir la libertad de un colectivo sin el respaldo de los órganos judiciales, actuación que hasta el momento no se ha dado en Baleares, aunque se espere.
No es Francina Armengol un ejemplo de comportamiento ciudadano. Se saltó un día a la torera el toque de queda siendo pillada en un bar a las dos de la madrugada. Bueno sería que al menos en sus decisiones administrativas sea escrupulosa con los derechos de los demás, ya que no ha sido capaz de evitar los macrobotellones en su región. Aunque estos ciudadanos no sean ingleses, sino jóvenes españoles. Si un juez habilita estas medidas, bien valdrá. Pero, ¿y si no lo hace? ¿Dónde derivarían las responsabilidades administrativas?
