La serenidad y la tranquilidad parece que no llega a Egipto. Y es que miles de participantes en la manifestación celebrada el pasado viernes en El Cairo decidieron ayer convertir la protesta en una sentada en la plaza Tahrir para solicitar la cancelación de la declaración constitucional anunciada por el presidente, Mohamed Mursi, en la jornada del jueves, en la que expresó su interés por lograr mayor poder para blindar su figura y acelerar el proceso para crear un Carta Magna islamista.
En la marcha hubo una ausencia total de fuerzas religiosas radicales, ya que estos movimientos protagonizaron contramanifestaciones para mostrar su apoyo al mandatario. Durante la jornada, se quedaron en los alrededores del palacio presidencial a la espera de que saleira el mandatario.
Entre los participantes en el que fue llamado Viernes del Odio y la Advertencia estuvieron los grupos seculares egipcios, activistas de la sociedad civil y partidos liberales e izquierdistas, entre los que destacaron Al Dustur, Egipcios Libres, Al Wafd, la Corriente Popular y la Alianza Popular Socialista.
Estos conjuntos marcharon por la ciudad junto a las fuerzas revolucionarias coreando cánticos contra la «violencia política», término con el que definieron las últimas decisiones de Mursi.
Así, los opositores a la nueva declaración constitucional subrayaron que el presidente quiere convertirse «en un nuevo faraón», aunque el mandatario argumentó que no usará sus poderes a menos de que sea necesario para salvaguardar la revolución.
Además, a última hora de la jornada se registraron diversos enfrentamientos entre los manifestantes y las Fuerzas de Seguridad, según informó el diario egipcio Al Masry al Youm.
La protesta contra el mandatario en la capital egipcia coincidió con los choques entre partidarios y detractores del dirigente que se registraron en nueve provincias del país (Alejandría, Ismailia, Assiut, Port Said, Suez, Mahalla, Damietta, Menya y Aswan).
Como consecuencia, el primer ministro, Hisham Kandil, convocó una reunión de urgencia con los titulares de Interior y de Defensa, Ahmed Gamal al Din y Abdelfatá Said Elsisi, para analizar la situación y estudiar las medidas a adoptar.
Uno de los puntos más controvertidos del texto aprobado por Mursi es el sexto, en el que se establece que «el presidente está autorizado para tomar cualquier medida que considere adecuada para preservar y salvaguardar la revolución, la unidad y la seguridad nacional».
Varias voces críticas con el presidente manifestaron su preocupación ante las posibles implicaciones de una formulación tan laxa, ya que queda abierta a interpretación la forma de aplicar.
Asimismo, el sistema judicial no podrá vetar, anular ni enmendar ninguna ley o declaración emitido por el mandatario desde que llegó al poder hasta que se ratifique una nueva Carta Magna y se haya elegido un nuevo Parlamento, protegiendo así sus decisiones de cualquier tipo de revisión.
La independencia de la Justicia, en peligro.- El Máximo Consejo Judicial de Egipto rechazó ayer la controvertida declaración constitucional del presidente islámico Mohamed Mursi, que blinda su poder frente a decisiones de la Justicia, mientras en algunas provincias los magistrados se declararon en huelga.
El gremio explicó que se trata de un atentado contra la idependencia de los jueces. «Es lamentable que haya hecho esa declaración», indicaron.
Y es que el dirigente declaró que el Tribunal Constitucional no tiene competencias para impedir la aplicación de sus decretos ni el poder para disolver el comité que elabora la Constitución. Con ello el no solo puso a los jueces en su contra, sino también a todas las fuerzas de la izquierda y liberales, que le acusaron de actuar como un dictador.
Además, el Consejo Judicial respaldó al exfiscal general del Estado Abdel Megid Mahmud, quien fue destituido hace dos días después de que Mursi firmara la declaración que le permite sustituir a esa figura. DPA
