Aunque el concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Jesús García Zamora, confiaba en tramitar con rapidez el expediente para resolver el contrato de finalización de las obras del edificio CIDE (Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial) con la empresa Rogasa, lo cierto es que ésta ha solicitado una prórroga del periodo de audiencia en el que puede presentar alegaciones y así se ha concedido a través de un decreto de Alcaldía del pasado 10 de junio que se traslada hoy a la Junta de gobierno Local.
Como se recordará, el Ayuntamiento tuvo conocimiento el 21 de mayo del dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León que determinaba la caducidad del primer expediente de resolución del contrato, que el gobierno municipal había iniciado en diciembre.
Una carambola en forma de sentencia del Tribunal Constitucional ha terminado afectando a este procedimiento porque no fue hasta el mes de marzo cuando el Ayuntamiento remitió al Consejo Consultivo, cuyo dictamen es preceptivo, toda la documentación relativa al expediente. En abril, este órgano comunicó que necesitaba un mes más para dictaminar y en ese periodo se publicó el fallo que declara inconstitucional un artículo de la Ley de Contratos del Sector Público sobre los plazos de caducidad.
El concejal socialista ha explicado que la Ley de Contratos establecía un plazo de ocho meses para los expedientes de resolución de contratos pero con esa sentencia ya no es aplicable y ese vacío legal se ha cubierto con la norma ordinaria, que indica que ese periodo de caducidad es de tres meses y, en el caso del expediente iniciado por el Ayuntamiento de Segovia venció en marzo, como recoge el Consultivo en su dictamen.
Ante este nuevo revés, “un efecto colateral que sin comerlo ni beberlo nos hemos encontrado”, en palabras de García Zamora, la decisión del equipo de gobierno, asesorado por los servicios jurídicos, fue incluir en el orden del día de la Junta de Gobierno que se celebró el 27 de mayo un punto para declarar la caducidad del expediente e iniciar uno nuevo.
Eso ha supuesto volver a la casilla de salida y, una vez finalizado el periodo de audiencia a Rogasa, el Consistorio tiene que remitir la documentación al Consejo Consultivo de Castilla y León para que dictamine de nuevo y en esta ocasión entrando al fondo del asunto; es decir, si el gobierno municipal tiene base para resolver el contrato de manera unilateral.
El Consultivo tiene en principio un plazo de 20 días hábiles para dictaminar pero puede ampliarse o reducirse.
