Intento una y otra vez, comprender las motivaciones del comportamiento de determinadas personas, en un deseo de no quedarme sólo con mis pensamientos, si no de atisbar el porqué de sus decisiones. Deseo buscar, si no la verdad de las cosas, sí al menos el porqué de su proceder y así, intentar comprenderles. Intento huir en definitiva, de los dogmatismos con el que pretenden convencernos para justificar sus decisiones, para no sólo comprender y entender, si no si es posible, incluso compartir.
Pero hay cosas, que siendo posible de entender, son imposibles de compartir y mucho menos de justificar. Y este es el caso del indulto a los condenados por sedición y malversación del procés catalán. En campaña electoral, Sánchez dijo que el PSOE no indultaría a ningún golpista. El pasado martes dijo que la Constitución no contemplaba la revancha ni la venganza, intentando confundirnos y queriéndonos hacer ver que la justicia es venganza. Y el miércoles decía que hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia y que la decisión que tome, será a favor de la convivencia de todos los españoles.
Casado le advirtió “que cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe a la legalidad no es un valor constitucional, pero Ud. (refiriéndose a Sánchez) quiere indultar a los que han atacado las leyes, han reventado la concordia y han dinamitado la convivencia”.
Con la utilización política de los indultos, Sánchez abre la puerta de par en par al pago a los independentistas para mantenerse en la Moncloa. Indultar a los presos que asaltaron la Constitución, que no sólo no han mostrado arrepentimiento, sino que incluso han dicho que volverían a hacerlo, es una burla a la democracia.
El informe de la Fiscalía del Estado se opone a la concesión del indulto y dice que no es una medida para satisfacer intereses políticos coyunturales; el Tribunal Supremo también se opone, al no ver razones de justicia, equidad y utilidad pública que justifique la concesión de medidas de gracia, y que no hay prueba, ni indicio de arrepentimiento por parte de los condenados y que no se puede pretender con el indulto, que el gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
Sánchez, por tanto, no tiene ningún aval jurídico y estaría rompiendo la separación de poderes del Estado Español. Perdonar por motivos políticos a un sedicioso no arrepentido, que promete volver a hacerlo, supone legitimar y convertir sus delitos en mera política, lo cual es una perversión.
El único motivo de fondo por tanto, y no jurídico ni constitucional, es político, para contentar a ERC y a otros grupos de izquierda y radicales, para garantizarse la continuidad en el Gobierno. Para Sánchez, su persona importa más que toda España. Esto es en definitiva un indulto que se hace a sí mismo, para poder seguir comprando votos y siendo presidente.
(*) Diputado del PP por Segovia.
