Continúa la mala racha con el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, el edificio CIDE del Círculo de las Artes y la Tecnología de Segovia (CAT). La última mala noticia para los intereses municipales ha sido una carambola en forma de sentencia del Tribunal Constitucional que ha terminado afectando al expediente de resolución del contrato con la adjudicataria de las últimas obras de este inmueble.
El concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Jesús García Zamora, admite que habrá un nuevo retraso, que espera sea lo más corto posible, en la finalización definitiva de este proyecto tras conocer el viernes el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León que determina que ha caducado el citado expediente de resolución del contrato, que se inició en diciembre.
García Zamora recuerda que, como es preceptivo, el Ayuntamiento remitió al Consejo Consultivo toda la documentación relativa a este expediente en el mes de marzo y añade que en abril este órgano de la Comunidad Autónoma comunicó que necesitaba un mes más para dictaminar.
En ese periodo se publicó una sentencia del Tribunal Constitucional en relación con un recurso de inconstitucional planteado por el Gobierno de Aragón en 2018 contra determinados artículos de la Ley de Contratos del Sector Público de ese mismo año. El fallo del Constitucional declara precisamente inconstitucional un artículo sobre los plazos de caducidad.
El concejal socialista explica que la Ley de Contratos establecía un plazo de ocho meses para los expedientes de resolución de contratos pero con esa sentencia ya no es aplicable y ese vacío legal se ha cubierto con la norma ordinaria, que establece que ese periodo de caducidad es de tres meses y, en el caso del expediente iniciado por el Ayuntamiento de Segovia venció en marzo, como recoge el Consultivo en su dictamen.
Ante este nuevo revés, “un efecto colateral que sin comerlo ni beberlo nos hemos encontrado”, en palabras de García Zamora, la decisión del equipo de gobierno, asesorado por los servicios jurídicos, ha sido incluir en el orden del día de la Junta de Gobierno que se celebrará mañana jueves un punto para declarar la caducidad del expediente e iniciar uno nuevo.
Eso supone volver al punto de partida, a la casilla de salida de un procedimiento que, tras el acuerdo de la Junta de Gobierno, incluye dar un plazo de audiencia de 10 días a la empresa adjudicataria de las obras, Rogasa, y volver a remitir la documentación al Consejo Consultivo de Castilla y León para que dictamine de nuevo y en esta ocasión entrando al fondo del asunto que no es otro que si el gobierno municipal tiene base para resolver el contrato de manera unilateral.
El Consejo Consultivo tiene un plazo de 20 días hábiles para dictaminar pero puede ampliarse o reducirse.
